etornó a México un tanto obligado (fue extraditado de España el 16 de julio de 2020), pero nada más al tocar suelo nacional Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, se comprometió a denunciar y señalar a los autores, públicos y privados, de estos hechos (delictivos) y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano, a cambio, desde luego, de no pisar la cárcel. Lo esperaba el Reclusorio Norte con las crujías abiertas, pero (¡sorpresa!), se lo llevaron al Hospital Ángeles del Pedregal, porque era víctima de una extraña enfermedad que también extrañamente habría adquirido en el vuelo Madrid-CDMX.

Así, ya reconocido formalmente como testigo colaborador, en lugar de compartir el pan y la sal con los presos del citado reclusorio, del hospital de los Vázquez Raña, Lozoya se fue directo a su casa donde ha permanecido poco más de un año, siempre decidido, según dice, a denunciar y señalar a los delincuentes de cuello blanco que, junto con él, participaron en el saqueo de Pemex en tiempos de Peña Nieto.

Hasta ahora, sólo Alonso Ancira (expropietario de Altos Hornos de México) mordió el polvo, pasó una temporada en cana y se vio en la penosa necesidad de regresar (parte) de lo robado por el caso AgroNitrogenados (por cierto esta empresa aparece entre las rescatadas por el Fobaproa, con 219 millones de pesos de la época, monto que si se actualiza por inflación ahora ronda los mil millones, y eso no lo paga el empresario citado, sino los mexicanos).

Pero colorín colorado, ese cuento no se ha acabado, pues de ahí no ha pasado Lozoya y a lo largo de ese año de cómoda estancia en su casa el ex funcionario peñanietista ha sumado seis denuncias en su contra. Pero él sigue tan campante. De hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda trabaja horas extras para seguir documentando los deli-tos abundantes del ex director de Pemex y sus socios, que son muchos, pero parece que ello ha sido insuficiente para que la causa penal avance.

¿Por qué? Porque a estas alturas y ante tal panorama, no se sabe quién es más lento: si Emilio Lozoya en denunciar y señalar a los autores del atraco a la ex paraestatal o el fiscal Alejandro Gertz en tomar nota de las revelaciones y actuar en consecuencia. Parece que ninguno de los dos lleva prisa, pues se trata de una carrera de tortugas, de tal suerte que no amerita mantener el cómodo arresto domiciliario del que goza el ex funcionario peñanietista.

Y, en efecto, el cuento no se ha acabado: La Jornada (Gustavo Castillo) informa que Emilio Lozoya ha solicitado al Poder Judicial de la Fe-deración que apruebe otra ampliación al plazo que se le concedió para que se celebre la audien-cia de cierre de investigación, con lo cual tendría que realizarse la etapa de los juicios que enfrenta por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

La audiencia para que se presenten las conclusiones de las investigaciones en su contra se han pospuesto desde hace seis meses, por lo que no se descarta que en los próximos días la defensa de Lozoya Austin sea notificada de la prórroga y la nueva fecha para que se realice la diligencia judicial, señalaron fuentes cercanas a la defensa del ex director de Pemex.

Nuestro diario lo reseña así: el ex funcionario fue detenido en febrero de 2020 en Es-paña, con base en dos órdenes de arresto, una de ellas por recibir sobornos de la empresa Ode-brecht por más de 10 millones de dólares a cam-bio de beneficiar a la firma con la adjudicación de obras durante el gobierno de Peña Nieto, cuando el ahora imputado era director de Pemex. La segunda acusación que enfrenta es por recibir ilegalmente beneficios de la compraventa de AgroNitrogenados a Alonso Ancira, que se realizó con sobreprecio. Desde su arribo al país ha estado en libertad gracias a los acuerdos que ha tenido con la Fiscalía General de la República, con quien sigue negociando lo relativo al resarcimiento del daño causado al erario, y también que no sea enjuiciado y sentenciado.

Las rebanadas del pastel

¡Milagro! La Comisión Federal de Competencia Económica da signos de vida: por manipulación de precios, sancionó con 903 millones de pesos a cinco distribuidoras de fármacos que monopolizaron el mercado en los sexenios de Calderón y Peña. Y sólo tardó 10 años en llegar a esa conclusión.

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