Dirigentes y legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano cerraron ayer filas en torno al ex candidato presidencial Ricardo Anaya, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, al acusar al gobierno federal de realizar una persecución en contra de quienes disienten y exigir que ésta se detenga.

Marko Cortés, presidente del blanquiazul, destacó que México no es una dictadura, sino una democracia en la que se tiene que respetar el derecho a opinar de forma distinta. En conferencia de prensa, luego de una reunión plenaria de los diputados federales de la alianza Va por México, señaló otros casos de presunta persecución política y resaltó que no nos vamos a dejar amedrentar.

La diputada electa y ex panista Margarita Zavala resaltó que no le extraña el uso faccioso del Estado y que en su familia han sido víctimas de ello.

Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación, consideró falsa e injusta la acusación contra Anaya e insistió en que se trata de una persecución a opositores. Resaltó que el Presidente prometió dialogar con su correligionario, pero no cumplió. Qué lamentable que alguien que luchó por la democracia y con el que estuvo codo a codo en contra de los fraudes en Tabasco, acabe persiguiendo a sus opositores, puntualizó.

Senadores del PAN advirtieron en redes sociales que la justicia se debe usar para perseguir delincuentes y no a opositores sólo por pensar distinto y ser críticos del gobierno.

Jesús Zambrano, dirigente del PRD, demandó que cese la persecución política de la administración federal y ubicó al diputado electo Rogelio Franco, quien enfrenta un proceso penal en Veracruz, como un perseguido político, por lo que demandó su liberación.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, dijo que no puede existir en el país persecución política y tampoco se debe politizar la justicia o judicializar la política.

Por separado, en redes sociales, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, condenó el uso faccioso de las instituciones del Estado para silenciar a las oposiciones. Confió en que Anaya acreditará sus dichos. No así de que el gobierno dejará de usar políticamente el caso Lozoya. El viejo régimen presente y la justicia totalmente ausente.