n un mensaje videograbado que difundió en redes sociales, el ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés se dijo víctima de una persecución política. Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo considera un estorbo para sus planes de sucesión de 2024 y pretende encarcelarlo, porque no le gusta lo que digo, y anunció que estará fuera del país durante una temporada breve.

El mensaje del también ex presidente del albiazul fue difundido después de que volvieron a circular informaciones periodísticas, según las cuales la Fiscalía General de la República habría acusado por el delito de asociación delictuosa al propio Anaya, a Ernesto Cordero Arroyo (también panista) y a David Penchyna Grub (del PRI), cuando los tres participaron, como senadores, en la aprobación de la reforma energética durante el sexenio pasado.

Según declaraciones judiciales del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, que fueron filtradas hace un año, los tres políticos referidos, así como Francisco Domínguez Servién (hoy gobernador saliente de Querétaro), José Luis Lavalle Maury (actualmente preso y sometido a proceso) y Miguel Barbosa Huerta (actualmente gobernador de Puebla), habrían recibido sumas millonarias por órdenes de Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda, para que votaran a favor de la aprobación de dicha reforma.

Adicionalmente, en el sexenio pasado Anaya Cortés fue blanco de pesquisas judiciales por presunto lavado de dinero en la adquisición de una nave industrial en su natal Querétaro, a raíz de una denuncia presentada por el propio Cordero Arroyo y públicamente respaldada por otro correligionario, Javier Lozano Alarcón, ex secretario del Trabajo.

En suma, la queja actual de Anaya en el sentido de que sufre una persecución política por orden presidencial es tan insostenible como inverosímil, en tanto que es pretexto para su huida del país por una temporada breve.

Basta la información pública disponible sobre los antecedentes del político panista para ver en su anuncio un intento de victimizarse, ya sea con la esperanza de escapar de la justicia –o al menos de retardar su acción, mientras busca amparos y otros subterfugios legales para evitar su detención–, ya como una maniobra de mercadeo político y propagandístico a fin de mejorar su posicionamiento en la enconada disputa que tiene lugar en las filas de la oposición por el liderazgo de la coalición tripartita y por la candidatura presidencial de cara al proceso electoral de 2024.

Por añadidura, con su acusación y su fuga por anticipado, Anaya Cortés no logra más que robustecer las sospechas que penden sobre él, porque si tuviera certeza de su inocencia lo más lógico sería que aguardara el llamado de un tribunal y se presentara para desacreditar las acusaciones en su contra.

Debe constatarse, por otra parte, el recurso de alegar persecuciones políticas resulta a estas alturas una maniobra desgastada en boca de políticos y ex funcionarios acusados de actos de corrupción: en su momento han recurrido a ella, entre otros, Lavalle Maury; el empresario defraudador de Pemex, Alonso Ancira; la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles; el aún gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el legislador prófugo Mauricio Toledo; Felipe Calderón Hinojosa, a quien hasta ahora no se le ha fincado imputación legal alguna, e incluso el abogado del propio Emilio Lozoya, quien no tuvo empacho en aseverar que su cliente sufría persecución política por parte de la administración pasada.

Para finalizar, el manido alegato de la persecución política, el afán de victimizarse sin fundamento, la pretensión de neutralizar acusaciones por corrupción y la tentación de obtener réditos políticos de una pesquisa estrictamente judicial, no sólo enrarecen el ámbito de la justicia y de la vida institucional en general sino que fortalecen el descrédito de quienes recurren a tales farsas.