En México, la frecuencia de los actos de corrupción es casi seis veces más alta para las empresas grandes que para las micro, pero en años recientes disminuyó el número de compañías de todo tamaño que consideró frecuente ser objeto de este tipo de prácticas por funcionarios gubernamentales, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tres de cada 10 compañías refieren que la regulación del gobierno es un obstáculo para desarrollar a plenitud sus capacidades productivas y de negocio, según revelaron los hallazgos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige) 2020, elaborada por el Inegi.

El ejercicio que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detalló que las grandes empresas, aquellas con ventas anuales superiores a los 250 millones de pesos, enfrentan una frecuencia de actos de corrupción de 11 mil 683 hechos por cada 10 mil unidades económicas.

Para las microempresas, que tienen menos de 10 trabajadores y generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan la gran mayoría de las empresas en el país, la frecuencia de hechos de corrupción fueron de 2 mil 300 actos por cada 10 mil unidades económicas.

La frecuencia de los actos de corrupción es mucho más alta para las empresas grandes, es casi seis veces más, precisó Julio Santaella, presidente del Inegi.

Durante la presentación virtual de la Encrige, Óscar Jaimes, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, reveló que se cometieron 961.6 mil actos de corrupción cuando las empresas buscaban realizar trámites o inspecciones de gobierno, los cuales afectaron a 204.3 mil unidades económicas en México.

No obstante, el costo total estimado en 2020 de pérdidas para las compañías por prácticas de corrupción fue de 887 millones de pesos. En promedio por cada unidad económica el gasto por corrupción fue de 7 mil 419 pesos.

Pese a ello, disminuyó el porcentaje de unidades económicas que consideró frecuentes los actos de corrupción de servidores públicos, al pasar de 82.2 en 2016, cuando se realizó la encuesta previa, a 71.5 por ciento en 2020.

Regulación pesada

En 2020 la regulación de los gobiernos es más pesada o igual de pesada que en 2016. El año pasado 28 por ciento de las empresas refirieron que la regulación de los gobiernos es un obstáculo, mientras en 2016 fue de 20.2 por ciento; tres de cada cuatro empresas pequeñas lo observan como un obstáculo.

Desde la prácticamente siempre los gobiernos regulan las actividades y las interacciones entre los individuos y entre los actores sociales y económicos, pero a veces a los gobiernos se les pasa la mano cuando regulan la vida de las unidades económicas y así lo refleja la encuesta, argumentó Adrián Franco, vicepresidente del Subsistema de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del Inegi.

El cumplimiento de las normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos tuvo un costo de 238.9 mil millones de pesos, que representa uno por ciento del PIB nacional.

En 2020 las empresas grandes y las del sector servicios consideraron en mayor medida que las cargas administrativas empeoraron o siguieron igual de pesadas.