Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos rehusó ayer bloquear el fallo de un tribunal menor que ordena al gobierno del presidente Joe Biden reinstaurar una política del gobierno de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de las audiencias para su caso.

Con el disenso de los tres jueces liberales, el tribunal señaló que es posible que el gobierno violara la ley federal en su intento de rescindir del programa conocido informalmente como Quédate en México, cuyo nombre oficial es Protocolos de Protección al Migrante (PPM).

Se desconoce cuántas personas resultarán afectadas y qué tan pronto. Según el fallo del tribunal menor, el gobierno debe realizar un esfuerzo de buena fe para reiniciar el programa, que ha obligado a miles de personas a quedarse en México mientras esperan a que llegue la fecha de sus audiencias de asilo en Estados Unidos.

Samiel Alito, juez federal en Texas, había ordenado previamente la reinstauración del programa en respuesta a una demanda de los fiscales generales de su estado y de Misuri. Tanto Alito como la Corte Federal de Apelaciones del quinto circuito rechazaron la solicitud de la administración de Biden de suspender el fallo que emitió.

El magistrado ordenó una breve demora para otorgar al pleno de la corte el tiempo necesario con la finalidad de considerar la apelación del gobierno central.

La solicitud de suspensión presentada al juez Alito y por él referida a la Corte es denegada. Los solicitantes no han demostrado en el reclamo que el memorando (que suspende el programa) no fue arbitrario, se afirma en la orden judicial.

El juez de distrito de Estados Unidos, Matthew Kacsmaryk, dictaminó a principios de este mes que la administración de Biden no proporcionó una razón adecuada para deshacerse de la política y que sus procedimientos con respecto a los solicitantes de asilo que ingresan al país eran ilegales.

La decisión del tribunal hizo referencia a su fallo de 2020 que frustró el intento de Trump de poner fin a un programa presentado por el ex presidente Barack Obama que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes, especialmente de los llamados dreamers, que ingresaron sin documentos migratorios a Estados Unidos cuando eran niños.

Biden, que ha buscado desde que asumió el cargo en enero revertir muchas de las políticas de inmigración de línea dura de Trump, hizo retroceder el programa PPM. Texas y Misuri, liderados por los republicanos, desafiaron la decisión del presidente demócrata.

El actual gobierno recurrió a la Suprema Corte después de que el magistrado Kacsmaryk dictaminó que la política de Trump tendría que ser restablecida y la Corte de Apelaciones del quinto circuito, con sede en Nueva Orleáns, denegó el 19 de agosto la solicitud del gobierno de una demora.

La decisión sostiene que la administración de Biden debe implementar el MPP de buena fe, lo que deja al gobierno cierta discreción sobre cómo seguir adelante.

Demócratas y defensores de migrantes criticaron el programa al señalar que la política sometía a los indocumentados –principalmente los llegados de Centroamérica– a condiciones peligrosas en las ciudades fronterizas mexicanas.

La administración de Trump argumentó que había una crisis de seguridad y humanitaria a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México al negarse a permitir que los migrantes que buscan asilo, debido al temor de persecución en sus países de origen, ingresen a Estados Unidos antes de las audiencias ante los jueces de inmigración.

Omar Jadwat, abogado de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), argumentó que el gobierno de Biden debe tomar todas las medidas disponibles para poner fin por completo a este programa ilegal, incluso terminando con una explicación más completa.

La jurista Lindsay Toczylowski, defensora de migrantes y opositora a Quédate en México, afirmó que el fallo revitaliza una política que ha convertido la vida en una pesadilla real. Los arrestos de migrantes atrapados cruzando la frontera sur de Estados Unidos han alcanzado máximos de 20 años en los meses recientes, un hecho que los republicanos culpan a la revocación de Biden del MPP y otras políticas de inmigración de Trump.

La administración de Biden ha dejado en vigor una orden separada de la era Trump que permite a las autoridades fronterizas de Estados Unidos debido a la crisis de salud pública por la pandemia de Covid-19, expulsar rápidamente a los migrantes atrapados en la frontera sin darles la oportunidad de buscar asilo en los Estados Unidos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, manifestó que el fallo reducirá el número récord de migrantes que ingresan por la frontera sur. Los cruces alcanzaron su máximo nivel en 20 años bajo el gobierno de Biden, con otro mes récord en julio, cuando se produjeron alrededor de 212 mil detenciones de migrantes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.