La Iglesia católica pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no despenalizar el aborto en Coahuila y Sinaloa. Exhortamos a los ministros de la SCJN para que realicen un análisis de calidad en materia de derechos humanos sobre estos proyectos, y decidan en favor de todos los seres humanos, sin generar un retroceso mayúsculo por buscar dar gusto a las presiones de una ideología de moda.

Recordó que este lunes la Corte debatirá un par de proyectos de sentencia sobre acciones de inconstitucionalidad relativos a la protección a la vida humana. El clero, a través de su editorial del semanario Desde la Fe, escribió que de aprobarse ese proyecto en Coahuila se podría abortar durante los nueve meses del embarazo, generando una crisis de salud y de derechos humanos sin precedentes, ya que ni en los países en que desde hace años se permite el aborto, esto es legal.

Apuntó que en la argumentación de este proyecto se menciona que la protección del Estado a la vida humana debe ser gradual, conforme al desarrollo del ser humano. Esto representa un retroceso muy grave en materia de derechos humanos, pues no todos los seres humanos podrían recibir la misma protección de la ley; es decir, habría seres de primera y de segunda clase.

La otra acción de inconstitucionalidad tiene su origen en Sinaloa. En ese caso, agregó, ministros estarán debatiendo si es correcto que la Constitución local proteja a los individuos desde su concepción, pues según el proyecto de sentencia, el Estado no puede proteger la vida que no es autónoma.

“Y va más allá al señalar que la protección del Estado no es a la vida biológica, sino a la vida ‘digna’. Esto sería también un precedente negro en derechos humanos, pues los legisladores estarían limitados por ley a proteger sólo la vida autónoma.”

Reiteró que la Corte debe garantizar la libre configuración de los estados de la República, y la única limitante existente es cuando una ley local va contra algún precepto constitucional o cuando sea violatoria de algún derecho humano. “En estos dos casos, los proyectos no pueden demostrar que se esté violando alguno de estos dos preceptos –el constitucional o el de derechos humanos–, por lo que recurren a la mención de falsos ‘derechos reproductivos’ sin sustento, que incluyen al aborto como un servicio de planificación familiar.”