La bancada de Morena en el Senado solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) establecer acciones de investigación de los casos denunciados de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de ese instituto en agravio de migrantes en la frontera sur.

Blanca Estela Piña, senadora de esa bancada, presentó un punto de acuerdo a través del cual exhorta al INM a generar los mecanismos necesarios para garantizar la prevención y no repetición, con la finalidad de asegurar la integridad y el respeto de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres migrantes que se encuentren en el país.

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que preside la senadora Bertha Alicia Caraveo, acordó citar a comparecer al titular del INM, Francisco Garduño, para que explique cuál es la estrategia y los trabajos que se realizan a fin de respetar los derechos humanos y atender el flujo de migrantes en la frontera sur del país.

Durante la reunión extraordinaria de esa comisión, efectuada ayer, la senadora Beatriz Paredes, del PRI, dijo que es necesario que Garduño acuda al Senado a fin de que informe sobre los trabajos que se llevan a cabo para atender los flujos migratorios en la frontera sur.

La senadora Piña, en su punto de acuerdo, recordó que el artículo primero de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales.

Agregó que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificada por México el 8 de marzo de 1999, establece que los estados partes se comprometen, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y proteger a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio.

Piña acusó que el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 3 mil 977 quejas en materia de violaciones a derechos humanos de las personas en situación de migración; de éstos, mil 44 (26.2 por ciento) fueron acusaciones directas contra el INM.

En este contexto, sostuvo, resultan preocupantes las imágenes mostradas en los videos difundidos en medios el pasado 28 de agosto, que muestran a elementos del instituto haciendo uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, incluyendo a niñas y niños, acciones que son contrarias a lo establecido en la Constitución.