an sólo 13 años después de la publicación del White Paper, texto en el cual su presunto creador, Satoshi Nakamoto, sentó las bases para el funcionamiento y desarrollo de la criptomoneda, la República del Salvador se ha convertido en el primer Estado-nación en aceptar el bitcóin como moneda de curso legal. La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele y aprobada rápidamente por la Asamblea Nacional Salvadoreña, entró en vigor el pasado 7 de septiembre en medio de una polémica de alcances y repercusiones mundiales.

Tan pronto como comenzó su circulación oficial, usuarios en ese país centroamericano experimentaron problemas técnicos con la billetera electrónica desarrollada con el propósito exclusivo de operar contratiempos con dicha moneda, que resultaron un inconveniente menor si se les compara con la caída de 9.2 por ciento que el bitcóin experimentó en su debut en dicha nación.

Diversas encuestas han mostrado que la población salvadoreña se encuentra reticente a aceptar la criptomoneda debido a su alta volatilidad y a la poca información que existe respecto a la misma. En ello parecen coincidir con el Fondo Monetario Internacional, institución que ha señalado que su adopción pone en riesgo el sistema de precios, el financiero y la estabilidad macroeconómica del país, así como con el Banco Mundial, que se negó a brindar asesoría para su implementación.

Bukele argumenta que su adopción permitirá a El Salvador ser menos dependiente de la emisión de dólares por parte de las autoridades financieras estadunidenses y evitar la inflación que ello puede llegar a producir. La lógica del mandatario, compartida por importantes sectores del mundo financiero, es simple, la política monetaria expansiva de la Reserva Federal de Estados Unidos puede generar presiones inflacionarias, particularmente en una economía dolarizada como la de El Salvador, y el bitcóin es un paliativo ante dicho fenómeno.

A diferencia de otras divisas que dependen de un banco central o un Estado que las respalde, el bitcóin lo es de una prueba criptográfica en lugar de confianza, permitiendo que dos partes interesadas realicen transacciones directamente entre ellas, sin necesidad de un tercero de confianza. Dicho de otro modo, no depende de un banco central o casa de moneda, sino de la capacidad computacional descentralizada que verifica las operaciones y que éstas no sean duplicadas. La descentralización de la criptomoneda y su número limitado (establecido por diseño en su algoritmo) impiden que esta moneda se devalúe como consecuencia de una inyección adicional por parte de un banco central. No pocos analistas han señalado que el interés del presidente de El Salvador por el bitcóin coincide con sucesos políticos, como la irrupción del ejército en la Asamblea Nacional, la remoción de jueces y el fiscal general, Raúl Melara, y de manera reciente, el fallo de la Suprema Corte que habilita la relección presidencial, actos que en un futuro próximo podrían ser objeto de sanciones económicas internacionales.

Cuba, país con una larga experiencia en recibir este tipo de sanciones, anunció a finales de agosto que explora la posibilidad de regularizar y reconocer las criptomonedas como divisas de curso legal, sumándose a Venezuela, que ya cuenta con su propia unidad digital llamada petro.

La implementación del bitcóin como moneda de curso supone múltiples retos para El Salvador. La población ha mostrado escepticismo con respecto a adoptarla, lo cual ha llevado al gobierno a aclarar que, si bien su aceptación es obligatoria, su convertibilidad a dólares puede ser inmediata y garantizada por el gobierno a través de su plataforma Chivo. Esto elimina el riesgo asociado de la volatilidad del tipo de cambio del bitcóin a dólares para la población, trasladándolo efectivamente al gobierno, lo cual también supone retos y riesgos importantes.

Los problemas de la moneda no se limitan a que ésta encuentre apoyo entre la población. Aun sin él, El Salvador podría atraer flujos y transferencias del bitcóin del extranjero, remesas, inversión directa o en portafolio, por ejemplo, que podrían ser convertidas a dólares. Esto supondría que el gobierno acumularía posiciones largas en el bitcóin que, de no intercambiarse de inmediato en el mercado cambiario, presionarían sus finanzas públicas en caso de una caída abrupta en el precio de la criptomoneda, fenómeno que hasta hoy ocurre con cierta frecuencia.

De cumplirse dicho escenario, el gobierno deberá proveer dólares al mercado a cambio de bitcóins, incrementando la necesidad de financiamiento en la divisa estadunidense para un país que actualmente se encuentra en problemas para fondearlos.

Adicionalmente, una vez recibidos estos dólares podrían salir del país para buscar mejores condiciones, lo cual causaría problemas en la balanza de pagos de la nación.

Todo ello, sin mencionar los riesgos regulatorios asociados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a los cuales también es proclive la moneda.

Como toda tecnología, el bitcóin tiene beneficios y desventajas de que deben ser estudiados de manera cuidadosa antes de emprender una reforma como la que se está llevando a cabo en El Salvador. La tecnología es útil, pero hay que saber dónde, cuándo y para qué aplicarla.