a convergencia estratégica. El régimen que emergió después de la transición, régimen de las alternancias, desmanteló los andamios de la gobernabilidad autoritaria. La convergencia de la política económica neoliberal y la transición democrática afecta casi de manera simultánea a dos de las tres patas de esa gobernabilidad: el presidencialismo y el partido hegemónico. El eje del discurso neoliberal, la modernización tanto económica como política, se vuelve el ariete con el cual se enfrenta ese pasado priísta. Esa ofensiva se construye mediante la narrativa de la sociedad civil y del ciudadano libre, y acompaña la construcción del nuevo andamiaje de gobernabilidad constituido por un presidencialismo acotado; un sistema bipartidista y, en ocasiones, con la participación de un tercer partido, el PRD; un archipiélago de organizaciones no gubernamentales promotoras de causas específicas generalmente vinculadas con los derechos humanos y concentrado en las grandes metrópolis en particular el valle de México; así como un abigarrado cuerpo de intelectuales públicos, especialistas de distintas disciplinas, científicos y artistas.
Los intelectuales públicos. Cuatro han sido los espacios de poder poblados por estos actores: el aparato de Estado en sensu lato –direcciones generales, asesorías, embajadas– más una parte importante de los órganos autónomos que se convirtieron en su nicho de mercado. A eso se suman las instituciones propiamente académicas, como las universidades, los centros de investigación y, de manera importante, hasta el sexenio pasado, el Conacyt. Por otra parte, su acceso a medios de comunicación, a editoriales y a revistas constituyen la plataforma básica de construcción y difusión de sus ideas. Finalmente, el patrocinio que reciben de fundaciones privadas y organismos del sistema de Naciones Unidas permite ampliar su influencia tanto con proyectos de investigación financiados por estos entes, como por la participación en eventos de debate teórico y político.
La correa de trasmisión. Los intelectuales públicos se han desenvuelto en esas instancias de poder político e ideológico. Algunos han ejercido una función crítica, pero en diálogo permanente con organismos del Estado. Muchos han sido claros y abiertos promotores de las reformas estructurales. Otros han sido sus persistentes detractores. Muchos han promovido, iniciado o denunciado actos de corrupción y de violación de los derechos humanos. Pero también existen casos, sobre todo de comunicadores, que se han beneficiado de recursos públicos personalmente. La capacidad de los intelectuales públicos para influir en el poder político es amplia, pero circunscrita a un círculo concentrado geográficamente de clases medias urbanas. Su peso se incrementó en los últimos sexenios en la medida que, frente al debilitamiento de los mecanismos de trasmisión ideológica del sistema autoritario, se convirtieron –aun en su diversidad– en los principales canales de interlocución con las élites políticas y, crecientemente, con las élites económicas.
El mensaje. Los intelectuales públicos no constituyen un cuerpo homogéneo en lo ideológico y doctrinario, aunque durante la transición –con énfasis diferentes– abrazaron dos ideas: un país más democrático a partir de una reforma electoral que hiciera posible contar los votos y que estos contaran en los resultados, y un país más igualitario. Para algunos la idea de democracia estaba vinculada con el desarrollo de una economía de mercado. Y para muchos las falencias que se percibían en los primeros años de las alternancias debían resolverse con una reforma tanto jurídica como política y cultural bajo el enunciado de estado de derecho. La elaboración intelectual predominante se sintetizaba en democracia más mercado más estado de derecho.
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