La objeción de conciencia ha sido un problema para las mujeres que buscan abortar, pues al no estar regulada en la Ley General de Salud, no pocos médicos y personal se niegan a otorgar el servicio sin dar opciones, coincidieron varias organizaciones.

El Observatorio Jurídico de Género de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó preocupación por el proyecto de sentencia que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y señaló que los derechos humanos de las mujeres, personas gestantes y disidencias sexogenéricas no pueden estar sujetos a la valoración individual del médico tratante, más en un país que tiene grandes desigualdades en el acceso a servicios de salud.

Indicó que “en un examen estricto de ponderación, el derecho individual de conciencia –de índole privado– no puede estar por encima del correspondiente a la salud, que es un tema de interés público”, y en un pronunciamiento consideró que los magistrados de la SCJN deben reforzar la perspectiva de género e interseccional.

Subrayan ambigüedades en ley de salud

En tanto, el fundador de Católicas por el Derecho a Decidir, fray Julián Cruzalta, destacó que es necesario que en la Ley General de Salud se establezca una regulación nítida sobre la objeción de conciencia, dada su ambigüedad. Tiene que estar claro quién objeta y de qué tiene derecho a hacerlo.

Subrayó que no se busca imponer a los médicos el ejercicio de esta facultad, sino que al regularse se pueda garantizar que no falte personal de salud no objetor para que dé el servicio.

Además, resaltó que con la ley actual, los grupos antiderechos usan la objeción de conciencia para ir contra el aborto. La Corte puede decir 20 teorías de inconstitucionalidad, pero en la práctica el personal se ampara en el 10 bis de la Ley General de Salud.

A su vez, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México celebró el aval otorgado al derecho de objeción de conciencia y declaración de que ésta no es restrictiva al de la salud, como propone el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, al pleno de la SCJN.

Señaló que la toma de decisiones de todos los profesionales del sector deben estar enmarcados en ejercicio de la libertad, la razón y la conciencia, sin que esto transgreda los derechos fundamentales de terceras personas.