La 65 legislatura de la Cámara de Diputados retomará un dictamen en materia de igualdad de género que dejó la anterior, el cual plantea llevar a la constitución los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) que permitieron la paridad en la postulación de candidatos a gubernaturas.

También el negar candidaturas a varones condenados con sentencia firme por violencia familiar o doméstica, delitos de orden sexual, violencia política en razón de género contra las mujeres y que estén registrados como deudores de pensión alimentaria.

Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, recordó que de la anterior legislatura quedaron pendientes 190 dictámenes que están en manos de la Mesa Directiva. De éstos, resaltó el referido a la igualdad de género, pues está generando consensos en la Junta de Coordinación Política.

A excepción del PAN, los grupos parlamentarios están de acuerdo en que transite dicha propuesta construida a partir de 50 iniciativas de diversas bancadas que impactarían 28 artículos constitucionales, explicó la legisladora, quien confió en que se alcanzará la mayoría calificada para su aprobación.

En conferencia de prensa, puntualizó que el objetivo del dictamen es erradicar la violencia contra las mujeres y que haya paridad en la asignación de las responsabilidades en todas las instituciones públicas, entre otros puntos.

El documento plantea, por ejemplo, que las universidades e instituciones de educación superior con autonomía deberán integrar sus consejos universitarios con paridad de género.

El mismo principio deberá imperar en el nombramiento de embajadores, cónsules, empleados superiores de Hacienda y de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.

De igual manera, se destaca que en las candidaturas a gubernaturas los partidos políticos deberán postular a una mujer en al menos la mitad de las entidades federativas en las que se renueve el Poder Ejecutivo en un mismo año.

Puntualiza que la Ley protegerá y garantizará en igualdad de derechos la organización y el desarrollo de todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar, incluyendo a las integradas por parejas del mismo sexo, con o sin hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil.

Refiere la propuesta que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad y a decidir de manera libre, responsable, informada y segura sobre tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre ellos, así como a recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Esto incluye la reproducción asistida, así como la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por esterilización involuntaria o de cualquier otro método anticonceptivo forzado.