Madrid. Carles Puigdemont, quien fue presidente del gobierno regional catalán durante la declaración fallida de independencia de 2017, fue detenido en la isla italiana de Cerdeña tras cuatro años prófugo de la justicia española, informó ayer su abogado Gonzalo Boye.

El presidente Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña, adonde acudía como eurodiputado, anunció en Twitter su abogado, quien precisó que su detención se dio en cumplimiento de una orden europea de detención del 14 de octubre de 2019 dictada por el Tribunal Supremo Español.

En dicha orden de detención y extradición, el juez Pablo Llarena acusó a Puigdemont y a otros líderes separatistas de sedición y malversación de fondos.

Puigdemont, actualmente eurodiputado, está establecido en Waterloo, Bruselas, desde 2017, y viajó a Alguer, Cerdeña, a un festival cultural, explicó el jefe de su oficina, Josep Lluis Alay, quien relató que la policía fronteriza italiana lo detuvo al llegar al aeropuerto de Alguer.

Alay agregó que Puigdemont será presentado hoy ante jueces de la corte de apelación de Sassari, que es competente para decidir su puesta en libertad o su extradición.

Puigdemont, de 58 años, lideró la declaración unilateral de independencia de Cataluña del Estado español en octubre de 2017, después de lo cual el gobierno del entonces presidente español Mariano Rajoy intervino la administración regional y convocó elecciones autonómicas, invalidando así la tentativa.

Puigdemont se estableció en Bruselas, reclamado por la justicia española, en contraste con sus compañeros de gobierno que acabaron siendo juzgados, como el entonces vicepresidente Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel, y finalmente indultado en 2021 por el gobierno español de Pedro Sánchez, igual que el resto de los encausados.

En su calidad de eurodiputado, Puigdemont tiene fuero e inmunidad, pero el Tribunal General de la Unión Europea decidió a finales de julio que no era el caso, y mantuvo firme la suspensión de su inmunidad legislativa decidida por el Parlamento Europeo.

El tribunal rechazó los argumentos presentados por considerar que no demostraron con grado de probabilidad suficiente los temores de persecución judicial o arresto.

Señaló también que nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro (de la UE) puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas, por lo que no está claro qué decidirá hoy el tribunal italiano.

En tanto, el gobierno del socialista Pedro Sánchez, inmerso en un proceso de diálogo con el gobierno catalán, se limitó a comentar que la detención obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder por sus actos.

El gobernante manifestó su respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos, al igual que siempre lo ha hecho con las cortes españolas y europeas.