Empresas trasnacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta, así como las secretarías de Medio Ambiente y de Agricultura, combatieron en el sexenio pasado –con alrededor de 150 recursos jurídicos– la medida precautoria de suspensión del cultivo de maíz transgénico establecida por un juez desde 2013. Ahora se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre este asunto el 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz.

A esta lluvia de recursos jurídicos se suman los 24 amparos que durante este año han presentado integrantes del Consejo Nacional Agropecuario en contra del decreto presidencial de diciembre pasado, que plantea la eliminación gradual del glifosato para 2024, así como la prohibición de la siembra del maíz transgénico en el país.

La Semarnat, con una postura distinta a la de la administración pasada, se apersonó esta semana ante la SCJN como tercera interesada y pidió a la ministra ponente Norma Lucía Piña que, al momento de resolver el recurso de revisión de la medida precautoria, se tome en consideración ese decreto presidencial, informó en un comunicado.

Pese a ello, los representantes de la dependencia no fueron recibidos ni participaron en la sesión de los interesados –antes de la discusión del proyecto, prevista inicialmente el miércoles pasado y que fue aplazada una semana–, donde estuvieron representantes de la industria y de la colectividad del maíz.

En esta sesión se evidenció a las empresas su incumplimiento en realizar las siembras experimentales y presentar los informes mensuales sobre ellas, mandatadas por un juez, según explicó el abogado de los demandantes, René Sánchez Galindo.

En entrevista señaló que las empresas dijeron que la siembra de maíz genéticamente modificado no ocasiona daños, por lo que se planteó a la ministra que más bien son ellos los que no han aprovechado que desde 2016 pueden hacer siembras experimentales, probablemente porque tienen la obligación de informar mensualmente al juez sobre las siembras. Su tecnología no resistiría entregar los informes a un juzgado.

Recordó que antes de la suspensión de 2013 hubo unas 200 siembras experimentales y un juez sostuvo que podrían estar relacionadas con la presencia en el campo de maíz transgénico, por lo que pidió que hicieran cultivos experimentales e informaran al juzgado cada mes, pero las empresas no solicitaron ningún permiso para esos cultivos.

Por su parte, Mercedes López, de la campaña Sin Maíz no hay País y de la representación que presentó la acción colectiva, estableció que las empresas mintieron a la Corte, al asegurar que les pusieron trabas para la autorización de los permisos, ya que nunca los solicitaron.

Agregó en entrevista que se espera que la resolución de la Corte sea favorable a la medida precautoria de prohibir la siembra del maíz transgénico, pues los ministros tienen suficientes elementos de sus daños progresivos e irreversibles. Apuntó la importancia de que cuando se entre al fondo de la demanda, se plantee la suspensión de la siembra comercial de este producto.