La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tiene programado ahorrar este año 3 mil 38 millones de pesos gracias a la renegociación de ocho contratos con empresas que administraban Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). Los acuerdos incluyen una cláusula donde se establece que, una vez terminados los contratos, los inmuebles penitenciarios se incorporarán a los bienes de la nación.

A principios de este año, La Jornada reveló que durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto funcionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs) y el propio ex secretario del ramo, Genaro García Luna, firmaron contratos con diversas empresas para la construcción de ocho penales federales, los cuales administraban las concesionarias en un esquema que les dejaba amplias ganancias y, al final, se quedaban con los inmuebles.

Para evitar que el daño al erario continuara, la SSPC renegoció los contratos y obtuvo estos ahorros, que tan sólo durante el primer trimestre de 2021 ascendieron a 298 millones de pesos.

Durante el año pasado, las renegociaciones que más ahorros dejaron fueron las del Cefereso 17, ubicado en Michoacán, con 461 millones de pesos; seguido del 18, de Coahuila, con 456 millones; el penal femenil 16, en Morelos, con 371 millones, y la cárcel federal 14 de Durango, con 364 millones.

Muchos de los penales concesionados operaban incluso con poblaciones mínimas, lo que incrementaba los costos per cápita, por lo que se reubicó a sus internos, lo que al final permitió el cierre y desincorporación de tres Ceferesos a lo largo de 2020.

Su población, un total de mil 539 personas, fue trasladada a otros penales federales, cuya ocupación estaba por debajo de 50 por ciento de su capacidad.

Asimismo, hasta el junio pasado, la población penitenciaria en los 14 Ceferesos del país era de 16 mil 459 personas, de las cuales 9 mil 61 ya estaban sentenciadas y el resto aún bajo proceso. En promedio, la ocupación en todos los Ceferesos es de 57.71 por ciento.

La reorganización de la población penitenciaria ha permitido mejorar las condiciones de vida de los internos, optimizar la vigilancia y reubicar en los centros de máxima seguridad a los mil 70 reos considerados como generadores de violencia.

Dentro del aspecto de seguridad, el año pasado se efectuaron mil 679 operativos de revisión en dormitorios de los Ceferesos de todo el país.

Además, la SSPC implementó acciones de monitoreo radioeléctrico en 21 cárceles, tres federales y 18 estatales, lo que permitió anular 6 mil 812 líneas celulares y decomisar 4 mil 683 teléfonos celulares, que habían sido introducidos ilegalmente en los penales y eran utilizados para cometer delitos como extorsión, chantaje y amenazas.

La SSPC apuntó que para mejorar el funcionamiento de los Ceferesos continuará capacitando a su personal, principalmente en derechos humanos, aplicando exámenes de control de confianza y rotando a sus mandos.