El establecimiento de energías renovables en el país debe ser un proceso justo. Hay proyectos que se han adoptado bajo el modelo extractivista de imposición que ignoran a comunidades y sus derechos humanos, como ha sido el caso de las plantas eólicas en el Istmo de Tehuantepec; además, este modelo implica el uso de más elementos, sostienen ambientalistas .

Tan sólo en Oaxaca, sobre todo en la región del Istmo, se estima que hay 27 proyectos eólicos, gran parte de los cuales están a cargo de las empresas españolas Iberdrola y Fenosa, así como la holandesa Vesta y como Cemex y Gamesa, indica un reporte de Gerardo Torres para Oxfam.

De 2012 a 2020, en 46 de 111 proyectos eólicos y solares asentados en el país hubo conflictos socioambientales, de los cuales 26 ocurrieron en Oaxaca, mientras en Yucatán fueron 12, reportó Greenpeace en el documento Transición energética justa.

Las principales causas fueron violaciones al derecho de la consulta indígena, incumplimiento en acuerdos de negociación por las tierras, impacto ambiental y falta de empleo, ya que las empresas no contratan a gente de la comunidad.

Los acuerdos internacionales de cambio climático impulsan el uso de energías renovables y en México la ley general sobre el tema, de 2015, estableció que por lo menos 35 por ciento de la eléctrica debía provenir de fuentes limpias (eólicas y solares, entre otras), aunque ahora la política energética está inclinada en profundizar el uso de combustibles fósiles y se ve poca ambición climática para avanzar en la descarbonización, consideró Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace en el foro Precop 26 de la sociedad civil.

El modelo actual de extracción minera o de hidrocarburos se caracteriza por la lógica de despojo y violación de derechos humanos. En el Istmo hay grandes megaproyectos asociados a esta lógica de capitalismo salvaje. Las energías renovables deben garantizar el convenio 169 de la OIT, la consulta y consentimiento libre previo e informado. Esto no se ha hecho ni se ha cumplido y explica algunos conflictos socioambientales, sostuvo por su parte Beatriz Olivera, investigadora de la asociación Fundar.