Chihuahua, Chih., Colectivos como Awé Tibúame AC y la Red de Mujeres Indígenas de Chihuahua exigieron la destitución de Enrique Alonso Rascón Carrillo, quien recién fue nombrado titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) por la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, pues consideran que su nombramiento invisibiliza a las comunidades originarias, además de perpetuar prácticas de dominación y racismo.

Enrique Rascón es licenciado en administración financiera y su experiencia entre 2014 y 2019 fue como consejero político nacional y estatal del PRI, además de dirigente de la Red Jóvenes por México en la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Carece del perfil idóneo

En una carta pública, con el respaldo de mil 447 firmas y un documento que entregaron en el palacio de gobierno, los colectivos expusieron que Enrique Rascón no cuenta con el perfil idóneo para el cargo de titular de la Coepi y fue designado sin consulta previa con los indígenas.

Desconoce la problemática histórica que han vivido los pueblos originarios además de las necesidades de las comunidades; tampoco comprende las complejidades e injusticias vividas en sus territorios, afirmaron.

Acusaron que el nuevo funcionario representa a grupos de interés que han buscado lucrar con los recursos naturales de la Sierra Tarahumara y es cercano al diputado local Omar Bazán Flores, quien junto a los socios de una empresa de bienes raíces tiene en curso una demanda penal contra la comunidad rarámuri de Mogótavo, en el Parque Nacional Barrancas del Cobre, para despojarla de su territorio ancestral y construir un hotel y campo de golf.

Es claro que la designación de Rascón Carrillo por parte de la gobernadora obedece al pago de deudas políticas, sin importarle que se trunque así el ejercicio de los derechos humanos de las comunidades indígenas, y se profundice la actitud de olvido y abuso por parte de personas e instituciones ajenas a los mismos, reprocharon las organizaciones no gubernamentales.

Nombramientos como éste, de personas sin compromiso con los pueblos originarios y resultado de un pago de favores, son parte de una práctica política que fue habitual en el pasado y que ya no debe repetirse, criticaron.

Exigieron que el titular de la Coepi tenga perfil y experiencia de trabajo con las poblaciones indígenas de Chihuahua, conocimiento en derechos humanos y no tenga relación con personajes que atentan contra las comunidades.

Además, emplazaron a Campos Galván a que permita que autoridades tradicionales de la Sierra Tarahumara e indígenas migrantes que habitan en Ciudad Juárez y la capital del estado, la asesoren para designar al titular de la Coepi, y que la política pública respete las distintas formas de organización, la cosmogonía y el pluralismo jurídico de las culturas originarias.