El subsecretario de Administración y Capital Humano en la Secretaría de Finanzas capitalina en la pasada administración, Miguel Ángel Vásquez Reyes, ha aportado al Ministerio Público datos, nombres y documentos que podrían acreditar la distribución de cerca de mil millones de pesos entre diversos servidores públicos y actores políticos en forma indebida en detrimento de la hacienda.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que tras la solicitud del imputado para acogerse a un criterio de oportunidad –figura jurídica que permite ser un testigo colaborador–, ha entregado información diversa, misma que se verifica para corroborar su autenticidad, particularmente documentos que son analizados por peritos en grafoscopía.

El representante social de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos cuenta con pruebas suficientes en la indagatoria; sin embargo, integra la información aportada por el ex funcionario en la administración de Miguel Ángel Mancera en donde señala a servidores públicas, así como a actores políticos, indicó.

De esta manera, se han ampliado las líneas de investigación, mismas que podrían establecer la posible comisión de ilícitos, por lo que la dependencia aclaró que se encuentra en este momento en prisión domiciliaria y no ha sido exonerado de ningún delito que se le imputan y generaron un daño al erario por más de mil millones de pesos.

La FGJ reiteró que no tolerará conductas al margen de la ley en las que puedan estar relacionadas ex servidoras y/o servidores públicos, por lo que refrendó su compromiso de investigar y buscar sanciones a fin de evitar la impunidad.

En abril pasado, un juez de control vinculó a proceso a Vásquez Reyes por delitos cometidos por servidores públicos al ocasionar un detrimento a los recursos públicos por 266 millones 642 mil 356 pesos por la suspensión del pago por concepto de cuotas de jubilados y pensionados para la prestación del servicio médico subrogado que se otorga el Issste.

Además, el ex funcionario fue también vinculado a proceso por otro delito similar al adjudicar, en 2017, un contrato de prestación de servicio por 290 millones de pesos y está acusado de participar en contratar tres empresas que simularon la recuperación del impuesto sobre la renta, como participación federal para desviar 986 millones de pesos.