El uso de drones que polinizan presuntamente para la protección de las abejas y la criminalización de esa actividad en perjuicio de los 50 mil productores de miel, plantea un proyecto de ley en la materia que se encuentra en el Senado, pues se busca imponer burocracia, restricciones y sanciones, en lugar de fomentar la producción de ese alimento y proteger a los insectos, señalaron decenas de organizaciones apícolas del país.

Además del proyecto del Senado, impulsado por la legisladora Merced González, de Morena, también en la Cámara de Diputados hay otro de la Ley federal apícola.

No se les consultó, aseguran

En ninguno de los dos fueron consultadas las organizaciones; son corolario de una serie de proyectos de leyes de protección a polinizadores que han sido aprobados en 21 estados, los cuales sólo plantean sanciones y no soluciones a la actividad avícola, señalaron en una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La misiva está firmada por decenas de organizaciones que forman parte de las Uniones Ganaderas Regionales especializadas de apicultores de Zacatecas y Puebla así como de asociaciones ganaderas de Yucatán de Jalisco, Querétaro, Veracruz, y por apicultores de Champotón.

Destacaron que entre los problemas que ahora enfrentan, y que ninguno de los dos proyectos atienden, se cuentan la intoxicación y muerte de abejas por el uso indiscriminado de agrotóxicos; escasez de floración debido a la aplicación de herbicidas; cambio de uso de suelo; modificaciones climáticas; robo de colmenas y competencia desleal con la adulteración de la miel.

Estas leyes, asentaron las organizaciones, pueden causar el exterminio de las abejas.

El proyecto de dictamen de la Ley apícola del Senado, en los artículos 37 a 39 indica que el uso de la abeja dron estará sujetó a los derechos de autor; se enfocará a la protección de las abejas en los casos de usos de pesticidas y sus compuestos, aclimatación, enfermedades, plagas y en polinizar en aquellas zonas donde el ecosistema no permita el trabajo de las abejas, a efecto de salvaguardar la industria agrícola y la biodiversidad.

Además, condiciona a los productores a ser parte del Registro Nacional de Apiarios y Apicultores, para obtener los permisos de operación y para tramitar registro, marca, constancias de calidad genética y sanitaria. Si incumplen, se les quitarán las licencias, señala el documento.

Las leyes deben dejar producir a los apicultores, no imponer burocracia ni sanciones por proteger a los drones, favorecen a la industria, ya que sólo consideran al sistema-producto, no a las organizaciones de apicultores. Tampoco prevén apoyos para la actividad, pero, sobre todo, reclaman, no fuimos consultados, estamos en desacuerdo porque con estas iniciativas se responde a los intereses de la industria de agroquímicos y los drones, sostuvo en entrevista Luz María Saldaña, coordinadora del Comité Nacional de Fomento, Desarrollo y Sanidad Apícola.

No se atiende el impacto en los insectos por el cambio climático, ni los daños por el uso de agroquímicos y herbicidas, ya que para protegerlos se requiere prohibir estas sustancias, agregó. En lugar de fomentar la apicultura, la dificultan.