Madrid. La justicia italiana decidió dejar en suspenso la petición de extradición del ex presidente catalán Carles Puigdemont a España, donde el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tiene abierto un pedido de detención por cargos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia.

El líder independentista compareció ante el Tribunal de Apelación de Sassari, en la isla de Cerdeña, donde el magistrado decidió esperar a que la justicia europea decida si prevalece o no su condición de inmunidad por ser europarlamentario.

Tal como estaba previsto, el ex presidente catalán viajó de nuevo de Bruselas a Cerdeña para comparecer ante la justicia italiana, después de que hace dos semanas el juez decidió aplazar la vista a petición del imputado. La comparecencia fue rápida; se escuchó la postura de la fiscalía italiana, que reconoció la complejidad del caso y se mostró partidaria de esperar a que los tribunales de la Unión Europea decidan sobre la inmunidad de Puigdemont, quien apeló a su condición de europarlamentario para mantener la inmunidad e impedir su entrega a España.

Puigdemont se refugió en Bruselas hace cuatro años, un par de días después de que bajo su liderazgo, el Parlamento catalán decretó una fallida declaración unilateral de independencia, que sólo duró unos segundos y derivó en la intervención de las instituciones catalanas por el Estado español, así como el procesamiento y la condena de la mitad de su gobierno, mientras la otra mitad, encabezados por él, se fueron a vivir a otros países de Europa para evadir a la justicia española, al considerarla parcial y poco fiable.

La decisión que adopte el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también afectará a los europarlamentarios catalanes involucrados en los hechos de 2017, Toni Comín y Clara Ponsatí, cuya entrega fue solicitada por igual a las autoridades italianas.

La defensa de Puigdemont alegó a su favor que tanto los tribunales de Alemania, Bélgica y Suiza fallaron a favor de Puigdemont, con lo que instaron también a las justicias italiana y europea a mantener esa línea de amparo, basado en las garantías mínimas de los derechos humanos.