Organizaciones de derechos humanos demandaron a los tres niveles de gobierno emprender acciones para agilizar la búsqueda de Vicente Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y comunidades opositores a la presa La Parota, desaparecido el 5 de agosto de este año, por presuntos integrantes vinculados al crimen organizado.

Marco Antonio Suástegui, hermano de la víctima, denunció que la Fiscalía General de Justicia del estado se ha dedicado a criminizalizar al movimiento, en vez de esclarecer el caso.

Desde aquel día fatídico, Vicente está desaparecido, hoy que se cumplen dos meses de su ausencia y no hay avance alguno, se tienen dos detenidos, pero parece que esto no significa nada para la fiscalía.

Señaló que se tienen identificados a 6 involucrados en los hechos, dos de los cuales están detenidos y quienes han dado información sobre dónde lo llevaron y a quién se lo entregaron (a Pedro Santos, presunto dirigente de un grupo delictivo), en la colonia El Arenal, pero no se han logrado avances.

Isidoro Vicario, del cuerpo jurídico del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, dijo que se han realizado jornadas de búsqueda en colonias de difícil acceso por la presencia de grupos delincuenciales. A pesar de que en los casos de desaparición forzada la actuación inicial de las autoridades es fundamental, en la desaparición de Vicente la primera búsqueda se efectuó 10 días después de la denuncia.

Tras señalar que no cejará en la búsqueda de Vicente, su hermano dijo que tras la declaración de los dos detenidos, Felipe Sandoval y José Luis Carrera, quienes lo levantaron en la colonia Renacimiento, dijeron que se lo llevaron al motel Tres Palos, que es donde termina su participación. Agregó: informaron que habían asesinado a Vicente y fue enterrado a 300 metros de ese lugar, rumbo al corralón, pero las autoridades no avanzan en las indagatorias, por lo que sugiere posible colusión.

Mencionó que cuando se reunió con el fiscal de Justicia del estado, Jorge Zuriel, éste lo primero que le comentó era que contra el propio Marco Antonio había tres órdenes de arresto. En la conferencia denunciaron que ambos hermanos han sido hostigados y se ha criminalizado su lucha en defensa de las comunidades contra la presa La Parota, para inhibir su activismo.

Con información de Sergio Ocampo y Héctor Briseño, corresponsales