El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas de 1965 a 1990, que entrará en vigor hoy y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024.

La instalación de dicha comisión se llevará a cabo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este decreto; establece que la Secretaría de Hacienda debe garantizar recursos para su funcionamiento y para la creación de una fiscalía especializada.

La instancia se crea a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral del daño y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal y, en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o a aquellas que resulten competentes para su atención.

A la comisión le corresponderá “establecer los mecanismos para el esclarecimiento histórico de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el país en el periodo de violencia política comprendida de 1965 a 1990, mediante las investigaciones correspondientes, las cuales deberán realizarse sin sesgos, con independencia, imparcialidad y competencia, así como para el fortalecimiento de pesquisas, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con su objeto, conforme a la norma aplicable en la materia.

Implementar los mecanismos de investigación necesarios para impulsar las acciones ante las autoridades ministeriales y judiciales competentes, a efecto de coadyuvar en el acceso a la justicia, así como los destinados al fortalecimiento de las acciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada entre 1965 a 1990, mediante los programas que para tal efecto se emitan, entre otros.

La comisión estará integrada por el titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá; los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda; los titulares de las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas y Nacional de Búsqueda de Personas, y cinco expertos de reconocida calidad moral o prestigio profesional.

En los artículos transitorios se precisa que la instalación de la comisión se llevará a cabo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en su primera sesión aprobará los lineamientos para su organización y funcionamiento y las personas expertas serán elegidas en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del instrumento.

El pasado 30 de agosto, el presidente López Obrador informó que se creará la comisión por acuerdo con víctimas y familiares de desaparecidos en la guerra sucia. Desde el inicio de esta administración, el gobierno federal se comprometió a investigar y resolver las violaciones a las garantías fundamentales y desaparición de personas en el pasado.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, detalló el sábado anterior que la comisión contará con cinco mecanismos rectores. Uno, de la verdad y el esclarecimiento histórico, que agrupará a expertos independientes que contarán con todo el apoyo del gobierno federal para llevar a cabo las indagatorias, acopio de información, acceso a los archivos e instalaciones de todas las dependencias, incluidas las de las fuerzas armadas, en la búsqueda de la verdad.