ero dejar adentro al coyote. Llamar miedosos a los maestros, flojos a los académicos, mafiosas a las autoridades, presuntos criminales a un grupo de investigadores, y ahora, huérfana de referentes sociales a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sacude y tal vez logre que reinicien actividades presenciales 18 mil estudiantes (de 366 mil que tiene la UNAM), pero definitivamente con esto ni la ciencia ni la educación avanzarán a la transformación estructural que urgentemente requieren. Después de 100 años de educación centralizada y autoritaria, de tres decenios de excesos y abusos neoliberales, hay lecciones históricas que podrían servir de base a una transformación estructural de la educación.

Lo mismo se puede decir de un siglo de atropellada relación gobierno universidades y de los 50 años de impulso paternalista a la ciencia y tecnología. Y lo mismo de los procesos de descomposición de los referentes sociales en estos ámbitos, mediante privilegios y abusos que impulsaron la privatización.

Ni siquiera se plantea ya como posible lo opuesto, es decir, una conducción de la educación –y de la ciencia– fincada en una intensa participación pública desde comunidades, regiones, estados. Y, sin esa perspectiva, quedaron lastimosa e interesadamente cortas tanto la modificación constitucional en este terreno como el paquete de leyes secundarias. Y hoy, apenas a la mitad del sexenio, aparecen indicios del resurgimiento del tono conflictivo y hasta violento en las relaciones entre gobiernos, instituciones y fuerzas sociales en el ámbito del conocimiento.

Hoy en Chiapas se apresan normalistas, en Michoacán se suspenden los pagos salariales a los maestros, se incendian las instalaciones sindicales, y, en otro aspecto, subsiste la amenaza de cárcel para académicos. No se quiso modificar el balance general del poder en la educación y comienza el malestar y protestas magisteriales por la unilateralidad y abuso en la promoción horizontal; no se quisieron establecer derechos reales en la educación superior, y la admisión a la educación media y superior, con el apoyo federal, sigue siendo una próspera industria surgida como una de las primeras iniciativas neoliberales.

La ciencia en México, sigue fincada en el dogma de que el Estado es el paternal y subsidiador responsable de generar la ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria privada nacional, sin que ni ésta ni las empresas trasnacionales se sientan obligadas a generar sus propios espacios de investigación y desarrollo en la nación. Peor aún, con el neoliberalismo (Ley de Ciencia y Tecnología) se llamó al sector privado a ser coconductor de la ciencia, y con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC académicos y representantes privados, ya sin representación del Estado, se ostentan como orientadores de la ciencia nacional. La experiencia de los fideicomisos mostró la fuerte tendencia al provecho de grandes y trasnacionales empresas que generan este tipo de espacios, y se cancelaron. Pero continúa la idea de que la mancuerna académico-privada de orientación de la ciencia con el Foro Consultivo AC no quede como una función de consulta prevista en la ley, sino por fuera, en el ámbito privado. Así, como asociación civil gozaba y aún goza de independencia del Estado, determina sus propias autoridades y actividades a escala nacional e internacional, no tiene obligación de rendir cuentas a nadie y dispone a su arbitrio de los fondos que le otorga el Estado. Es decir, un pequeño Conacyt, paralelo y privado y más autónomo que una universidad pública. Incluso en los estatutos establecidos originalmente (2002, pero modificados en 2019), además de otras funciones públicas estratégicas a esta instancia privada le correspondía opinar sobre la creación, transformación, disolución o extinción de los centros públicos de investigación.

Así, mientras estos centros como el Ciesas, son asfixiados por la reducción del marco de derechos laborales, una asociación civil postula con su sola existencia –y con el apoyo del Estado– que la mejor vía para el desarrollo de la investigación pública es privatizarla. Y esa tendencia, impulsada por la SEP y la LGES se reproduce dentro de las instituciones: el uso de criterios de excelencia aristocrática favorece los intereses individuales o privados que critica el Presidente y que despojan de visiones sociales a los planes y programas de estudio y acaparan plazas.

Para esta visión de la ciencia no se requiere una visión social y humanista. No existen contextos y subjetividades, claves para el avance de una ciencia a favor de personas y comunidades. La tragedia de Pasta de Conchos, por ejemplo, desde otra perspectiva puede llevar a un dictamen distinto al que hizo el Foro Consultivo AC, favorable al poderoso Grupo México. Es posible pensar a fondo en otra educación e instituciones y en otra manera de orientar y conducir la ciencia. Es posible demandar la prometida transformación.

* UAM-Xochimilco