El decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes para prohibir la importación y exportación de cigarros electrónicos y dispositivos de tabaco calentado antepone el derecho y protección de la salud de las personas a los intereses económicos, reconocieron organizaciones civiles e investigadores.

Por contener nicotina, esos productos generan adicción y facilitan el paso de los usuarios al uso de cigarros convencionales, sobre todo de adolescentes.

La Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos advirtió de los potenciales daños a la salud que se observaron en cientos de consumidores de cigarros electrónicos que llegaron a los hospitales con lesiones pulmonares graves. También se dio cuenta de que los conocidos como vapeadores contenían sustancias como tetrahidrocannabinol que es la sustancia tóxica y adictiva de la mariguana.

En México, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, señaló que el decreto será de utilidad para reorientar la discusión con argumentos sólidos a favor del derecho a la salud, luego de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la semana pasada determinó que es inconstitucional prohibir la comercialización de los conocidos como sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN o cigarros electrónicos), los sistemas alternativos de consumo de nicotina (SCAN o productos de tabaco calentado).

El activista sostuvo que los derechos a la libre personalidad del individuo y a la libertad de comercio no son absolutos, por lo que es válido limitarlos cuando se lesionan los derechos de terceros o cuando se protegen intereses superiores, como es la salud.