a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional (8 votos contra 3) la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y consideró que estas actividades ilícitas no son amenazas a la seguridad nacional. De cereza, el presidente de esa institución, Arturo Zaldívar, declaró que la decisión se dio para evitar castigar la pobreza.

Bien, pero ¿en serio los pobres pueden siquiera ver de muy lejos el límite inferior (8.6 millones de pesos) establecido por el Congreso, ahora inconstitucional? No parece muy sólido el pretexto del ministro Zaldívar, pero sí lo dicho por el presidente López Obrador: se trata de delincuentes de cuello blanco (¿no pueden ir a la cárcel los fifís?) y por encima de la ley debe de estar la justicia.

Para los ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad (la ley aprobada por el Congreso en 2019 estableció que cuando el valor de los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados no rebase 8.6 millones de pesos, el proceso penal se podrá llevar en libertad, con lo que se protege a los pequeños contribuyentes) el legislador se excedió al calificar tales delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues no se trata de conductas que atenten directamente contra esta última, y, por ende, tampoco fue válido que los calificara como delitos que ameritan prisión preventiva en términos del artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución. Esto último, pues el legislador secundario no está autorizado a ampliar el catálogo constitucional de delitos de prisión preventiva oficiosa.

Entonces, ¿pueden los pobres rebasar esos 8.6 millones de pesos? Desde luego que no, aunque habría que conocer cuál es el criterio del ministro Zaldívar, o de dónde lo sacó, para determinar quién sí y quién puede considerarse en tan precaria situación socioeconómica y así evitar la prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, ¿son pobres Juan Collado, Alonso Ancira, Jorge Luis Lavalle y tantos otros delincuentes de cuello blanco que han sido encarcelados? (Emilio Lozoya parece que sí lo es, porque no ha pisado reclusorio).

Quienes sí, y descaradamente, rebasan esa suma –por mucho–, son, por ejemplo, las llamadas factureras que crecieron como la espuma en el régimen neoliberal y causaron estragos en las finanzas públicas, al evadir alrededor de 500 mil millones de pesos cada año. Entre su clientes destacan gobiernos estatales, funcionarios públicos, partidos políticos, periodistas, servidores públicos, y muchísimos empresarios, quienes ni de burla pueden ser considerados pobres.

En sus tiempos como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la ahora ministra de la Corte, Margarita Ríos Farjat, documentó y denunció el funcionamiento de 8 mil 204 empresas factureras para simular operaciones, evadir el fisco o lavar dinero por un billón 600 mil millones de pesos. A su vez, el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, documentó que “ir contra las factureras es acabar con 70 por ciento de la corrupción en el país, porque aquí encuentras esquemas de desvío de recursos públicos, de moches, de lavado de dinero, con esquemas para no pagar de impuestos; eran protegidos desde el gobierno; el SAT se convirtió en una cueva de ladrones”.

En el pleno de San Lázaro se dijo que con el billón 600 mil millones de pesos defraudados al fisco por las empresas fantasmas se podrían construir, por ejemplo, 221 hospitales públicos, de tal suerte que se trata de una práctica contra la seguridad nacional. Mientras, los pobres que el ministro Zaldívar dice proteger no se beneficiaron ni con un centavo. Todo fue al bolsillo de los delincuentes de cuello blanco, quienes hoy la libran, una vez más

Las rebanadas del pastel

Hace falta lograr, como en el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos lo que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos; la sentencia (de la SCJN) refleja esto: va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y apoyando a las minorías; no estoy de acuerdo que sólo se castigue a quienes no tienen agarraderas, influencias o con qué comprar su inocencia (AMLO dixit).

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