En la aprobación de la reforma eléctrica, Morena en la Cámara de Diputados dejó en claro que no cederá ante propuestas que pretendan comprometer la seguridad nacional, impidan el control de la industria por parte del Estado, detengan la transición energética o eviten un despacho regulado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por lo que hace al presupuesto 2022, que se aprobará en noviembre próximo, manifestó que dialogará con la oposición sobre el proyecto alternativo que presentará, pero no aceptará planteamientos que tengan que ver con recuperar “moches, etiquetados o el ramo 23”.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados morenistas, explicó que la industria eléctrica es un asunto de seguridad nacional en todos los países del mundo y quienes se atrevieron a soltarla, por ejemplo en España, mandan recomendaciones para que de ninguna manera se ceda ante propuestas que la comprometan.

En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el dirigente del partido, Mario Delgado, señaló que se buscará que la generación, transmisión, distribución y venta de la energía eléctrica se haga bajo el control del Estado, lo que significa que pueda haber vigilancia sobre las tarifas.

Al destacar que no se puede detener la transición energética y por ello, la iniciativa del Ejecutivo propone que quede en el texto constitucional, Mier estimó que para 2050, 90 por ciento de las actividades se desarrollarán a través de la electricidad.

Ignacio Mier, quien se declaró un soldado del pueblo que cumple su mandato registrado en las urnas, sostuvo que debido a que están paradas las plantas que producen energía limpia, el país tiene que pagar un costo de 211 mil millones de pesos, mientras que haber dejado las tarifas a la inversión privada tiene un valor de 230 mil millones de pesos, es decir, el quebranto es de 450 mil millones de pesos.

El coordinador de los diputados morenistas recordó que la propuesta del Ejecutivo es dejar 46 por ciento del mercado eléctrico a los privados. Queremos que hagan negocio, pero regulado por el Estado mexicano y que no se ponga en riesgo la seguridad nacional.