La crítica situación de los penales en América Latina se agudizó como consecuencia de la pandemia, convirtiéndose en una verdadera pesadilla, con niveles de hacinamiento de hasta 300 por ciento, se denunció en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Incremento de casos de tortura y tratos crueles ante la restricción de monitoreos de organismos de derechos humanos; casos de motines y masacres; reducción de visitas familiares, y cancelación de ingreso de alimentos, fueron citados.

Diversas organizaciones latinoamericanas de derechos humanos denunciaron ante los relatores de la CIDH el grave retroceso en las condiciones de los internos en la región. Jorge Luis López del Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, informó que casi 2 millones de presos en la región enfrentan una crítica situación a partir de las medidas adoptadas, de manera generalizada en los centros de reclusiones que han restringido el acceso a esas sedes y abriendo paso a los excesos.

Tras escuchar las denuncias de castigos, aislamientos sin justificación, abusos contra los internos inconformes, afectaciones a sus procesos, la relatora de la CIDH, Esmeralda Arosomena, equiparó estos centros con campos de concentración, donde la vida de las personas no tiene ningún valor y lo que se espera es su muerte. Consideró necesaria una mayor responsabilidad de los estados, pues en la actualidad no hay políticas que reconozcan la dignidad de estas personas.

El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para América del Sur, Jan Jarab, sostuvo que el principal problema son las condiciones de hacinamiento –con niveles de hasta 300 por ciento– derivados del abuso de la prisión preventiva en los sistemas de justicia. Durante la última década se ha triplicado la población penitenciaria y esa es la condición en la que surge la pandemia, convirtiéndolos en centros de muy alto riesgo sanitario.

No se trata de construir más penales, mientras continúe el abuso de la prisión preventiva, porque se volverán a saturar y, con ello, los presos continuarán en condiciones poco dignas y amenazadas en sentido sanitario. Las restricciones de ingreso de familiares ha afectado la salud mental y generado ansiedad entre los presos, pero además, la prohibición en muchos países del ingreso de alimentos, sólo ha generado hambre en la población penitenciaria, porque en muchos casos era el suministro principal.

En el caso mexicano, las denuncias se centraron en cuestionar la ineficacia que ha tenido la ley de amnistía federal, pues de 6 mil presos potencialmente beneficiarios, solamente se han recibido mil 500 solicitudes, de las cuales han procedido 47 y únicamente en cinco casos, se logró la liberación. De igual forma, denunciaron tanto las difíciles condiciones que existen en las estaciones migratorias –donde las autoridades mexicanas no han adoptado protocolos sanitarios–, como el uso de la Guardia Nacional en tareas migratorias.

Particular énfasis hicieron las organizaciones frente a masacres registradas en penales de Ecuador, Colombia, Argentina y Perú, entre otros, y el endurecimiento de la disciplina en aquellos que se encuentran bajo control militar.