n la madrugada de ayer, en San Pablo Xochimehuacán, Puebla, tomas clandestinas instaladas en un gasoducto de Pemex provocaron tres explosiones que dejaron un saldo fatal de una persona muerta, unas 11 lesionadas y daños de diversa magnitud a las edificaciones situadas a un kilómetro a la redonda del punto de la conflagración; entre 30 y 50 viviendas resultaron demolidas y unas 175 personas fueron alojadas en tres albergues, aunque el número de evacuados fue de cerca de 2 mil.
De acuerdo con la información disponible, las explosiones ocurrieron cuando ya habían sido desalojados los habitantes de la zona, luego de que una fuga alertara a los vecinos. En el área del accidente se encontró un camión contenedor con capacidad de 10 mil litros y 25 cilindros de gas de 20 kilos cada uno. Significativamente, frente a la zona del desastre se encuentra una empresa gasera.
El hecho evoca obligadamente la tragedia ocurrida el 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que murieron 137 personas en el estallido de un ducto de combustible del que muchos pobladores del lugar extraían gasolina de manera ilegal. El hecho, ocurrido con el telón de fondo del combate al huachicol emprendido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde sus primeros días, confirmó las dimensiones del ilícito, así como el involucramiento en él de poblaciones enteras.
Esta actividad delictiva cobró fuerza en Puebla durante el gobierno del extinto Rafael Moreno Valle (2011-2017) y contó, de acuerdo con múltiples denuncias e investigaciones periodísticas, con la complicidad de funcionarios estatales y municipales, así como de empleados de Pemex, y se convirtió en la actividad económica preponderante de diversas localidades poblanas.
Es claro que, tras la brusca reducción de robo de gasolinas debido a las acciones gubernamentales, algunas de las mafias que sobrevivieron al combate al huachicol cambiaron esa actividad por otros ilícitos y empezaron a extraer gas licuado de petróleo (LP) de los ductos, una práctica incluso más peligrosa que el robo de gasolinas y que requiere equipos e instalaciones más complejas e incluso personal capacitado.
Además de causar un quebranto a la empresa del Estado –y, por ende, a las finanzas públicas–, el huachicol, sea de gasolinas o de gas LP, coloca en grave riesgo a las poblaciones aledañas a las válvulas clandestinas, por lo que resulta necesario por partida doble intensificar la prevención, detección y castigo de esta práctica.
Finalmente, no debe ignorarse que las carencias económicas empujan a sectores populares a ser la carne de cañón de los grupos huachicoleros, por lo que es necesario redoblar el paso en el combate a la pobreza, generación de bienestar y atenuación de las carencias de trabajo, salud y educación en las regiones en las que persiste esta actividad ilícita que tiende a generar tragedias.
