La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta semana la constitucionalidad de las sanciones en contra de Ricardo Pavel Meza Pozos, ex director jurídico del fallido aeropuerto de Texcoco, proyecto que acumuló 198 irregularidades administrativas.

El ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá propone avalar el castigo al ex funcionario.

Meza Pozos era el representante jurídico del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), empresa subsidiaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual tenía la concesión para construir, administrar y operar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se ubicaría en Texcoco, estado de México, y que fue cancelado luego de una consulta popular en octubre de 2018, cuando llevaba un avance en su construcción de 21 por ciento.

El entonces titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, informó que una de las principales razones de esta cancelación fueron las irregularidades financieras que causaron un daño patrimonial al Estado por más de 6 mil millones de pesos.

Agregó que durante las auditorías se encontraron documentos con inconsistencias firmados por los funcionarios del GACM, entre ellos su ex director general Federico Patiño Márquez; el ex director corporativo de finanzas Ricardo Dueñas Espriú, y Meza, hechos de los que dieron cuenta a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En octubre del año pasado, Ricardo Meza Pozos solicitó amparo en contra de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dieron base a las sanciones en su contra.

Sin embargo, el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México le negó el amparo, por lo que solicitó un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, que decidió enviar el asunto a la SCJN, debido a que plantea temas de constitucionalidad sobre los que no hay precedentes.

Meza Pozos argumenta que el artículo 74 de la LGRA es inconstitucional y sostiene que las irregularidades de las que se le acusa ya habrían prescrito.

El ministro González Alcántara contesta en su proyecto que las reglas sobre prescripción de la LGRA garantizan el principio de seguridad jurídica y son constitucionalmente válidas, por lo que se negaría el amparo.

El asunto está programado para votarse el miércoles próximo en la primera sala de la SCJN y, de aprobarse el proyecto por cuando menos cuatro votos, se sentaría jurisprudencia sobre casos similares.