Martes 2 de noviembre de 2021, p. 30
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió tres procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización para investigar posibles irregularidades en el financiamiento de organizaciones políticas, entre ellas Enréd@ate por México AC, de Miguel Ángel Vásquez.
El último informe trimestral de actividades relacionadas con fiscalización establece que en mayo pasado fue abierta la investigación contra Enréd@ate para conocer si recibió aportaciones de Welsh Designs SA y Notaría Pública 232, ambas personas morales y entes impedidos para aportar recursos.
En julio pasado el IECM recibió información que solicitó sobre los estados de cuenta bancarios de la organización, así como los estados de los pagos a empresa y notaría.
En tanto, la Federación, por conducto del Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Economía, envió información sobre las operaciones financieras entre Enréd@ate y las dos personas morales.
Las asociaciones civiles Vanguardia Ciudadana y Un Árbol por México también son objeto de investigación por una condonación de recursos a dos proveedores e inconsistencias en sus aportaciones en el proceso de fiscalización de 2019.
Como parte de las labores de la Unidad Técnica Especializada en Fiscalización, también se presentó un proyecto de acuerdo para solicitar información diversa a seis organizaciones de ciudadanos constituidas en asociación civil, que presentaron un escrito de desistimiento de su intención de constituirse como partido político local al ser necesario superar el secreto bancario.
Las organizaciones son: Centro de Investigación Lumena, Libérate Ciudad de México, Movimiento Democrático en Acción Social, Vanguardia Progresista, Unidos es Posible con Honestidad y Movimientos, y Rojo y Negro Ciudadano.
En el documento se dieron a conocer los procesos de liquidación de prerrogativas al Partido Equidad, Libertad y Género (Elige) por no haber obtenido al menos 3 por ciento de la votación válida emitida en las elecciones recientes, así como la pérdida del derecho a recibir financiamiento público local al Partido del Trabajo, que si bien mantiene su registro por ser un partido político nacional, no obtuvo 3 por ciento de la votación en dichos comicios.