n medio de la euforia de consumo provocada por El Buen Fin, y a las puertas de la temporada navideña, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) publican datos que llaman a extremar precauciones al hacer compras con medios de pago electrónicos.

De acuerdo con el primer organismo, los cargos bancarios no reconocidos son los hechos más denunciados de uso indebido de datos personales. El conjunto de estos ilícitos muestran un crecimiento tal que, de mil 769 casos registrados de enero de 2011 a la fecha, 739 ocurrieron en los últimos dos años. Por su parte, la Condusef advierte que en los tres primeros trimestres del año el número de controversias presentadas por usuarios del sistema bancario aumentó en 43.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020; pero cuando se toman únicamente las reclamaciones por transferencias electrónicas no reconocidas el salto es de 73.8 por ciento. De manera significativa, esta cifra es casi idéntica al alza de 73.7 por ciento en la cantidad de transferencias electrónicas realizadas, lo cual sugiere que los fraudes han crecido al mismo ritmo que el uso de servicios financieros en línea.

Sea por ahorrar costos de personal o por motivos más loables, lo cierto es que las instituciones financieras trasladan cada vez más operaciones a sus plataformas digitales, por lo que incluso los usuarios que preferirían resolver algún trámite en sucursal, se ven forzados a hacerlo mediante la página web o la aplicación móvil. Esta digitalización, que en principio parece positiva por cuanto permite evitar los riesgos de cargar efectivo, además de eliminar los engorrosos tiempos de espera en las sucursales, se vuelve cuestionable porque hasta ahora no ha venido acompañada de medidas de seguridad realmente efectivas y, por ello, más que facilitar la vida de los clientes, muchas veces da pie a verdaderos calvarios para recuperar los fondos sustraídos por la delincuencia.

Sería ingenuo pensar que detrás de estos ilícitos se encuentran personas que actúan aisladas y por cuenta propia: tanto el crecimiento explosivo en el número de eventos como el hecho de que los criminales estén siempre un paso delante de los mecanismos de seguridad ideados para mantenerlos a raya, indican que se trata de una modalidad del crimen organizado especializada en explotar los resquicios de la digitalización financiera.

Ante estos delitos, los ciudadanos sufren una doble indefensión. Por un lado, frente a la sofisticación de los métodos empleados para sustraerles sus recursos. En este sentido, a estas alturas queda claro que –por importante que sea observarlas– no basta con seguir las sugerencias de seguridad divulgadas por el INAI, la Condusef y los propios bancos, pues las estrategias de los delincuentes ya las tienen contempladas. Por otro lado, quedan indefensos frente a las instituciones financieras: por principio, éstas rechazan las reclamaciones de los usuarios y los orillan a acudir a la Condusef o a los juzgados, donde el ciudadano de a pie tiene poca o ninguna oportunidad contra los equipos legales de corporaciones trasnacionales. Como en muchos casos la devolución de los bienes reclamados no compensaría los costos legales, los afectados terminan por desistir de sus reclamos y se crea así un ambiente de impunidad.

Ante la magnitud de estos fenómenos y el grave peligro que suponen para el patrimonio de todos los usuarios de servicios financieros, urge que las autoridades trabajen de la mano con el sector privado para hallar verdaderas soluciones y salvaguardar los bienes de los ciudadanos y la credibilidad de las instituciones, cuya razón de ser estriba, precisamente, en el manejo adecuado de dichos activos.