Tras la adhesión de México a la Misión de Innovación Agrícola para el Clima (AIMAC4, por sus siglas en inglés) que impulsó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en la que participan transnacionales como Syngenta y Bayer-Monsanto, y con la que se busca impulsar el uso de robots o drones en el agro, así como meter esta actividad en los mercados de carbono, investigadores y organizaciones demandaron la salida de México de esa iniciativa y la renuncia de Víctor Villalobos, titular de la dependencia.

La intención de esa iniciativa es ir hacia una agricultura altamente tecnificada, convertir los suelos en sumideros de carbono para meterlos a los mercados y avanzar hacia la digitalización del agro, con el uso, por ejemplo de drones, dijo en entrevista Silvia Ribeiro del Grupo ETC, quien hace nueve días dio a conocer en este diario la adhesión del país a AIMAC4. México tendría que salir de ahí, ya que tiene las posibilidades de apoyar un tipo de agricultura campesina y agroecológica que es la que da trabajo y alimentación a la gente, precisó.

Esta adhesión implica para México poner en más peligro las semillas nativas y no sólo el conocimiento, sino la posibilidad de retener en el campo a la gente con una agricultura robotizada. Se rompería el esquema del trabajo comunitario y se pone en riesgo la diversidad biológica que mantienen desde hace siglos los productores, sostuvo Carlos Ávila, investigador de la Universidad Veracruzana.

Al preguntar a la Sader si contó con el visto bueno de la Presidencia de la República para incorporar al país a esta iniciativa, respondió que tuvo el aval de la dirección general de Temas Globales y de la Consultoría Jurídica de la Cancillería.

Ávila es uno de los promotores de la carta en la que se pide la renuncia de Villalobos, enviada el viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador y suscrita por 291 ciudadanos, entre ellos Cristina Barros y el investigador Antonio Turrent, así como 80 organizaciones –entre las que están Semillas de vida y Greenpeace–. Se debe recordar que durante la primera década de este siglo, el funcionario fue señalado por las organizaciones de promover la denominada Ley Monsanto, cuando estaba en proceso de aprobación la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.

También pidieron la salida de la directora de Atención al Cambio Climático y de la Estrategia Nacional de Polinizadores de la Sader, Sol Ortiz, quien el sexenio pasado estuvo al frente de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados, donde debió hacer una consulta pública a las comunidades mayas por la soya transgénica. Este organismo informó que la administración pasada dejó un proceso de consultas inconcluso e irregular.