n jurado de Kenosha, Wisconsin, absolvió de todos los cargos a Kyle Rittenhouse, el joven que el 25 de agosto de 2020 asesinó a dos personas e hirió a una más durante una manifestación contra la brutalidad policiaca en esa ciudad del Medio Oeste estadunidense. En anticipación de que la sentencia absolutoria enardeciera a una comunidad tocada por la protección judicial a quienes actúan en nombre del racismo, el gobernador Tony Evers llamó a mirar hacia adelante, juntos, y el presidente Joe Biden pidió a los inconformes que expresen sus opiniones de forma pacífica con apego a la ley.

El caso de Rittenhouse reaviva el debate en torno a dos de los mayores demonios de la sociedad estadunidense: el racismo y el culto a las armas de fuego, y está llamado a convertirse en paradigma de la incapacidad de las instituciones de esa nación para procesar estos problemas.

Para hacerse una cabal idea de las hondas implicaciones del fallo dictado ayer, es necesario remontarse a sus primeros antecedentes. El 23 de agosto de 2020, un oficial de policía de Kenosha disparó siete veces por la espalda al afroestadunidense Jacob Blake cuando éste trataba de abordar su vehículo en el curso de una pelea doméstica. Este incidente ocurrió en momentos en que se encontraba a flor de piel la indignación por el asesinato del también afroestadunidense George Floyd, quien fue asfixiado hasta la muerte por el policía blanco Derek Chauvin, y desató una serie de protestas que incluyeron episodios de violencia como incendios de negocios. En respuesta a estas manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policiaca, grupos de ultraderecha convocaron a proteger a la ciudadanía y la propiedad privada, y Rittenhouse se unió a uno de los contingentes armados que acudieron a amedrentar a quienes protestaban por tercera noche consecutiva.

La inocultable simpatía de muchos agentes del orden hacia estos grupos, que suelen combinar el supremacismo blanco con el culto a las armas, terminó de configurar el escenario de la tragedia: el 25 de agosto, elementos policiacos vieron a Rittenhouse y otros hombres pasear por las calles de Kenosha con armas de alto poder mientras regía el toque de queda, pero no sólo no los detuvieron, sino que les ofrecieron agua y hasta les agradecieron su presencia, todo lo cual consta en video. Aunque en el momento del ataque Rittenhouse tenía sólo 17 años y era, por tanto, demasiado joven para portar el rifle semiautomático AR-15 con que tomó dos vidas, ya había participado en el Programa de Cadetes de Seguridad Pública del Departamento de Policía de Grayslake, Illinois, que ofrece la oportunidad de viajar en autos patrulla y da entrenamiento en el uso de armas a menores de edad.

Se trata de una historia en que la violencia engendra violencia, y las instituciones encargadas de prevenir crímenes se convierten en sus ejecutores o cómplices. A propósito, debe recordarse que ya en 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación ante un patrón reiterado de impunidad frente a los asesinatos de afrodescendientes a manos de la policía. El caso de Rittenhouse representa la extensión de este manto de impunidad no sólo a quienes asesinan a personas negras, sino incluso a quienes disparan contra personas blancas –como lo eran las tres víctimas del joven– que levantan la voz para acabar con el racismo institucional que aqueja a la autoproclamada mayor democracia del mundo.