La periodista Miroslava Breach fue asesinada con una pistola modelo Emiliano Zapata, fabricada en Estados Unidos. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sobrevivió a 414 disparos accionados por arsenal producido en Estados Unidos. En el culiacanazo, el crimen organizado exhibió su poder de fuego usando armamento procedente de Estados Unidos.

Estos tres ejemplos, suscitados entre 2017 y 2020, revelan la urgencia de México para poner freno al paso ilegal de armas. En ese proceso –considera la administración de Andrés Manuel López Obrador– las empresas fabricantes y distribuidoras deben jugar un papel más protagónico y asumir mayor responsabilidad para evitar que sus productos terminen en poder del crimen organizado.

Ese es el argumento central de la demanda civil presentada por el gobierno mexicano, a través de la cancillería, el 4 de agosto ante la Corte de Distrito de Massachusetts, contra 11 compañías del sector, la primera de un gobierno extranjero contra la médula de esa poderosa industria.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y cerebro de la querella, Alejandro Celorio, explica en entrevista con La Jornada que la denuncia tiene dos objetivos: que las empresas reparen económicamente el daño causado por la introducción ilegal de sus productos a nuestro país y que sean más responsables de su venta y comercialización.

“Sus actuales prácticas (de diseño, promoción y comercialización) son negligentes. Diseñan parte de ese arsenal sabiendo que su consumidor está en México, no sancionan ni monitorean su línea de distribución y la mayoría de las armas traficadas a nuestro país fueron compradas por prestanombres –sobre todo estadunidenses– y terminan en manos del crimen. Las compañías lo saben y no hacen nada, su falta de cuidado causa daño a México”, enfatiza Celorio.

Cuatro millones de crímenes

Diversas fuentes apuntan que casi 4 millones de crímenes en México al año son cometidos con un arma fabricada en Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadunidense ha detallado que entre 70 y 90 por ciento de las armas decomisadas en escenas criminales en suelo mexicano han sido traficadas ilegalmente desde su país.

Este lunes, a propuesta de México, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas discutirá el tráfico de armamento y sus riesgos. A la par, hoy las empresas demandadas por la cancillería mexicana responderán a los señalamientos ante la Corte.

El consultor jurídico anticipa que, como sucede en litigios civiles en Estados Unidos, argumentarán diversas defensas jurídicas para intentar detener el que interpuso la SRE: cuestionarán si el gobierno mexicano puede demandar en suelo estadunidense, indicarán que la legislación de aquel país les otorga inmunidad y responsabilizarán a México por los daños descritos en el litigio.

Intentarán generar ruido para meter presión al juez. Dirán que México contribuye al problema por la corrupción y que exclusivamente por eso se da el tráfico ilícito. Pero no los estamos demandando por corrupción, se trata de una denuncia al interior de Estados Unidos por lo que hacen y dejan de hacer.

Para el funcionario, la estrategia de defensa de las empresas se abocará en detener el litigio a fin de evitar la etapa de presentación de evidencias.

Facilidad de compra

Celorio considera que fabricantes y distribuidores deberían verificar quiénes compran sus armas (actualmente sólo se necesita ser mayor de edad y una identificación), mejorar sus instrumentos de trazabilidad, vigilar hasta dónde llegan sus productos, poner más candados en las huellas balísticas y hasta en el funcionamiento para que sólo el comprador pueda accionarlas.

México había concentrado sus esfuerzos por años en presionar a las autoridades estadunidenses para impedir ese tráfico a través de la frontera. Con la demanda civil, extiende sus estrategias para evitar que ese arsenal siga cruzando.