La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) programó resolver el miércoles próximo la demanda promovida por diputados de oposición en contra del acuerdo presidencial que permite la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Es la controversia constitucional 90/2020, que impugna la autorización para que elementos del Ejército y la Armada puedan apoyar a los cuerpos civiles de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Este acuerdo, promulgado el 11 de mayo de 2020, tiene el objetivo de permitir que los militares apoyen la conformación de la Guardia Nacional (GN) mientras ésta desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

Según el más reciente informe de labores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 76.8 por ciento de 102 mil 944 miembros de la GN provienen de las fuerzas armadas: 61 mil 708 del Ejército y 17 mil 418 de la Armada.

Los legisladores de oposición sostienen que este despliegue contradice el artículo 129 de la Constitución, el cual establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

En junio pasado, la segunda sala de la SCJN decidió remitir al pleno otro asunto similar, un amparo promovido por una asociación civil en contra de diversos artículos de la Ley de la Guardia Nacional, que tratan también sobre la participación de militares en esta corporación.

El proyecto de ese caso fue elaborado por el ministro Fernando Franco González-Salas, y en él se proponía avalar el trabajo de los militares: Separar de la GN a todos aquellos miembros de las fuerzas armadas que ya se encuentran formando parte de la institución en cuestión, podría generar afectaciones graves a la persona moral quejosa y a la sociedad en general.

El asunto listado para el miércoles está bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat y es probable que la primera sala también decida remitir su resolución al pleno de la SCJN.