Tijuana, BC., El gobierno estatal que encabeza la morenista Marina del Pilar Ávila busca deshacerse del proyecto de su antecesor, Jaime Bonilla de construir una planta fotovoltaica, se anunció durante el primer miércoles de mañanera efectuado en Tijuana.

Ávila Olmeda tendría que pagar 6 mil millones de pesos de indemnización si no encuentra una justificación razonable, no obstante que la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía no han otorgado el permiso ni la opinión favorable para este proyecto.

El problema es cómo cancelar el contrato que por 30 años el gobierno anterior firmó con la empresa Next Energy, en el que se comprometió a comprarle parte de la energía eléctrica que iba a producir para canalizarlo al sistema de bombeo del acueducto río Colorado.

En la primera conferencia de prensa semanal de la gobernadora, el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, habló de que entre los pasivos contingentes que tiene el estado, “se encuentran los compromisos de repago de la inversión para la planta fotovoltaica, que se darían en caso de que fuera cancelada por cualquier situación.

El proyecto, tal como está estructurado, (tiene) ventajas para el inversionista privado en términos del plazo, precio y de los mecanismos de garantía hacia el estado, sentenció González Higuera.

Deuda estatal de 35 mil millones de pesos

Luego explicó que la deuda del gobierno de Baja California es de 35 mil millones de pesos, y está integrada por 18 mil 300 millones de deuda financiera pública, 12 mil millones por concepto de servicios, suministros y gastos acumulados, así como contingentes pasivos por 5 mil millones de pesos, dio a conocer Moreno Mexía.

María del Pilar Ávila Olmeda, por su parte, dio a conocer que la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya fue aprobada por los cabildos de Mexicali, Tecate y San Quintín, sólo requiere de la aceptación de uno más para confirmar la reforma constitucional en la materia. Este asunto se encuentra pendiente de resolución en los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Rosarito.