Será el pleno de la SCJN quien resolverá sobre la constitucionalidad del acuerdo presidencial que autoriza el uso de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública.

Por unanimidad, la primera sala del máximo tribunal decidió que sean los 11 ministros del máximo tribunal quienes de forma colegiada resuelvan este asunto.

Se trata de la controversia constitucional promovida por diputados de oposición contra el acuerdo presidencial de mayo de 2020, que permitió a militares tomar puestos estratégicos dentro de la Guardia Nacional para lograr su consolidación.

El proyecto que se discutiría fue elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat y en él se proponía avalar el acuerdo, por considerar que con esta acción el Poder Ejecutivo no invadió la esfera de atribuciones del Legislativo.

La propuesta no abordaba el tema de la militarización, debido a que una controversia constitucional es un juicio previsto sólo para dilucidar conflictos por las atribuciones entre poderes o niveles de gobierno.

Debido a la trascendencia y relevancia del asunto, los integrantes de la primera sala consideraron que era preciso que la decisión final en este caso se tome en el pleno, por la totalidad de los 11 integrantes de la SCJN.

Una vez en el pleno, será necesario alcanzar una mayoría calificada de ocho votos para poder invalidar el acuerdo impugnado.

En julio pasado, la segunda sala del máximo tribunal también decidió enviar al pleno un amparo sobre el mismo tema, donde una asociación civil impugna la Ley de la Guardia Nacional.

En el pleno de la SCJN también está pendiente la resolución de la acción de inconstitucionalidad 62/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también contra la Ley de la Guardia Nacional y la participación de militares en esta corporación.

Se prevé que la resolución de estos tres asuntos se discuta en la Suprema Corte a principios del año próximo.