Con un importante retraso respecto de su fecha de emisión, este lunes la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se reconoce que el Estado mexicano incurrió en cuatro casos de desaparición forzada de personas, cuyos casos han involucrado un conjunto de irregularidades que ha impedido la búsqueda y localización de las víctimas, así como la correspondiente reparación del daño.

Se trata de la desaparición de Jesús Israel Moreno, ocurrido el 4 de junio de 2011 en Chacahua, Oaxaca; Víctor Manuel Guajardo Rivas, que sucedió el 10 de julio de 2013, en Coahuila, y el de Christian Téllez que se registro en Poza Rica en octubre de 2010 (en todos los casos promovido ante el mencionado organismo internacional por I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como de Roy Rivera Hidalgo, desaparición registrada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Critican omisiones de la CEAV

Al referirse a las publicaciones (de acuerdos de 2019 y 2021), Juan Carlos Gutiérrez, director del grupo I(dh)eas, sostuvo que aun cuando la publicación del reconocimiento está desfasada, son parte del cumplimiento de las recomendaciones de la ONU-DH.

Llamentó que las demandas principales al gobierno mexicano aun no se hayan cumplido, principalmente por reticencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que se ha negado a instrumentar acciones de reparación de daño a los agraviados.

Gutiérrez señaló que la Subsecretaría de Derechos Humanos, de Gobernación, estableció mesas para avanzar en los casos de desaparición como estos, pero la entidad que no ha querido participar es la CEAV. Es una instancia que está en falta, aunque fue creada por el Estado para atender a las víctimas y cumplir el acuerdo internacional.

Se establecieron mesas con la participación de la Fiscalía General de la República e instancias estatales, mas la comisión no ha querido tomar parte; tampoco ha habido un papel activo de Gobernación exhortándolos a que cumplan. Con año y media acéfalo desde la renuncia de Mara Gómez, el organismo de atención a víctimas es una rueda suelta que hace lo que se le da la gana.

En los cuatro casos, ONU-DH ordena al Estado mexicano: llevar a cabo una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial, y transparente sobre las circunstancias de las desapariciones; proporcionar información detallada sobre los resultados; procesar y sancionar a las personas halladas responsables de la desaparición y/o eventual muerte; investigar y sancionar, si procediere, cualquier intervención de agentes estatales que hayan podido entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda y localización.

Si fallecieron, tratar de localizar sus restos mortales y entregarlos a sus familiares en condiciones dignas y conceder a los autores una reparación integral, que incluya una indemnización adecuada por las vulneraciones sufridas.