Accidente en la línea 12, motivo
A proceso, ex directivo de la Agencia de Gestión Urbana
Miércoles 1º de diciembre de 2021, p. 39
El juzgado decimosexto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional al ex director del Proyecto Metro Enrique Horcasitas Manjarrez para dejar sin efecto la orden de aprehensión que se haya librado en su contra por el colapso de una trabe en la línea 12 del Metro en mayo pasado, donde murieron 26 personas. Por la medida cautelar deberá pagar una garantía de 135 mil pesos.
La juez Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz fijó el 6 de diciembre para que se realice la audiencia incidental en la que determinará si le concede la suspensión definitiva.
Horcasitas Manjarrez es uno de los 10 ex servidores públicos que están citados a comparecer ante un juez de control el viernes 3 de diciembre, a quienes se prevé que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Cioudad de México imputará por su probable responsabilidad en el accidente ocurrido en la línea 12 el 3 de mayp pasado.
Mientras, un juez de control vinculó a proceso a Miguel Ángel Estrada Garavilla, ex director jurídico de la Agencia de Gestión Urbana en la pasada administración, por su probable participación en el delito cometido por servidores públicos en materia fiscal, informó la FGJ.
Según la institución, el aprehendido probablemente participó en la contratación de una empresa para realizar servicios que podían ser realizados por personal de la dependencia, por lo que posiblemente causó daño patrimonial por 29 millones 116 mil pesos.
Por otra parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México aplicó una amonestación pública a la organización Enréd@te por México AC, creada por Miguel Ángel Vásquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano del gobierno local, por no cumplir con un pago de 1.6 millones de pesos a una empresa privada y una notaría.
Si bien la conducta fue calificada de dolosa
, se consideró únicamente una amonestación dado que la capacidad económica de la asociación es de apenas 17 mil 626 pesos, por lo que, señaló la consejera electoral Erika Estrada, la organización superó su capacidad de endeudamiento con lo que nunca tuvo intención de pagar la deuda.
Recordó que el dinero es de origen privado, cuyo manejo era en efectivo, lo que derivó en las primeras investigaciones que desembocaron en irregularidades por las que no se le concedió su registro como partido político en 2019.