n semanas pasadas, el senador Napoleón Gómez Urrutia fue objeto de violencia física en Zacatecas por golpeadores enviados, según el parlamentario, por Alberto Bailleres (Peñoles). Y sin que las autoridades del estado y el municipio hicieran nada por evitar el ataque.

A ese empresario y a otros dos, Germán Larrea y Alonso Ancira, les ha hecho críticas sobre su propósito de perseguirlo, en connivencia con el presidente Felipe Calderón, por lo cual debió exiliarse varios años en Canadá.

En su embestida, los agresores dañaron el Teatro Calderón, considerado patrimonio cultural de la humanidad, donde Gómez Urrutia iba a presentar su libro El triunfo de la dignidad. Un acto bárbaro contra la libertad de expresión.

La noticia no ocupó mayor espacio en la prensa comercial ni convocó a los intelectuales (gracias, Cortázar) que suelen publicar en desplegados patrocinados su defensa de la libertad de expresión.

La oposición que se atribuye el papel de abanderada de esa libertad de expresión, es la misma que, en su versión panista, persigue al ciudadano Guillermo Martínez Berlanga porque a una de sus diputadas, Gloria Caballero, que ejerce el celestinaje para los negocios en Monterrey, le llamó diputéibol.

Con el término fue motejado el entonces diputado panista Francisco Solís Peón (a) Pancho Cachondo, debido a sus frecuentes visitas a los antros llamados table dance. Salvo el miniescándalo, sobre todo entre sus propios correligionarios, todo quedó en algunas notas de prensa. En el caso del ambientalista Martínez Berlanga, esa diputada logró fincarle un juicio en el Tribunal Electoral de Nuevo León.

Bajo control de los panistas –se han especializado en controlar los órganos judiciales–, el cabal defensor del Parque Fundidora, del cual declaró esa diputada que ya estaba dado, y promotor de una iniciativa de ley para crear bosques y parques urbanos a efecto de atenuar el clima tóxico del área metropolitana de Monterrey, finalmente se ha visto obligado a pagar una multa, ofrecer una disculpa a la venal representante y realizar un curso en el Instituto de la Mujer. Ahora, ya en plan de venganza, se lo quiere vincular penalmente a un procedimiento.

La parlamentaria de marras se encargó de bloquear la iniciativa de Martínez Berlanga para el dictamen correspondiente. Una acción dolosa que queda impune porque la justicia en Nuevo León se muestra cucufata y moralmente discriminatoria. Si así persiguieran el presidente López Obrador y otros funcionarios federales a todos los que los cubren (impunes) de ludibrio y heces verbales, la deuda pública ya podría aspirar a recibir un cuantioso abono.

Paradoja estridente. Los medios que siguen al Reforma y los intelectuales que responden a los dueños de ésta y empresas semejantes hacen la defensa de la libertad de expresión sin correlato real, pero no defienden a esa libertad cuando efectivamente se la atropella.

Una consecuente libertad de expresión, y su defensa, debería ser aquella que se iniciara en los propios medios vigilando la inclusión del doble punto de vista, su deslinde del mercado populista (la tendencia del “propio liberalismo, con sus valores individualistas, su ethos productivista y su compromiso irrestricto con los intereses de los empresarios es, de hecho, una de las mayores amenazas que corroen las democracias actuales”, señala Ezequiel Adamovsky).

En ese marco, por ejemplo, las conquistas y derechos de los trabajadores se ven sistemáticamente quebrantados. Y cuando alguien, como Napoleón Gómez Urrutia, sale en su defensa, recibe ataques aleves de los pares de los dueños de la prensa libre. Esta prensa y sus intelectuales, que se mantienen balbuceantes o callados frente a tales ataques. Su objetivo es restarle fuerza e influencia al gobierno morenista por todos los medios posibles. En la apuesta a su desprestigio cifran (aquí sí nostálgicos de corto plazo) el regreso de las condiciones que hicieron posible sus privilegios mediante chantaje y corrupción.

Por esa razón es permanente su reclamo de que desaparezcan las mañaneras de López Obrador. Sin la voz del Presidente y los miembros de su gabinete sólo se escucharía la interpretación, jerarquía y juicio definitivo sobre lo que hace el gobierno de la República a la prensa sostenida por sus grandes anunciantes que, si se los analiza, también son los patrocinadores de los ataques que se le enderezan.

Es cierto, el Presidente critica abiertamente a los periodistas con los que no está de acuerdo. Pero les da la cara y llega a debatir con ellos, sin girar la orden, como antes se estilaba, de que a los aludidos les sea suspendido el empleo o el micrófono. No habíamos tenido un presidente que se bajara de la alta silla a discutir con quienes a su vez lo critican. Y eso sorprende y descoloca a los que se oponen a sus medidas políticas.

Así que hay de defensas a defensas, de prensa a prensa, de periodistas a periodistas, de críticos a críticos y de interlocutores a interlocutores.