Madrid. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas solicitó ayer al gobierno de México que deje de criminalizar la protesta y la defensa de los derechos humanos, además de denunciar torturas y malos tratos a activistas.

Tras analizar el caso de Damián Gallardo, profesor y activista a favor de los derechos de los pueblos indígenas en México, la ONU indicó en un comunicado que su caso constituye un ejemplo más de violación de las garantías individuales y de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Según el comité, Gallardo fue sometido a abusos y malos tratos durante más de cinco años cuando se encontraba bajo custodia por unos delitos que no cometió. Así, solicitó que el gobierno proporcione a él y su familia una reparación integral y una disculpa pública.

Gallardo, miembro del pueblo ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec, de la región mixe, había defendido la educación en comunidades indígenas de Oaxaca durante varios años y había participado en protestas magisteriales. En mayo de 2013, siete policías irrumpieron en su casa y lo arrestaron sin orden judicial.

Permaneció en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de la policía para que diera información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación.

Lo obligaron a firmar documentos que fueron utilizados para su supuesta confesión. Fue acusado de formar parte del crimen organizado y de secuestrar a dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México.

Por ello, fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años, hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.

Toda la familia sufrió estigmatización y hostigamiento y, como resultado, tuvo que abandonar su comunidad, añade el comité.

Tanto él como su familia han presentado varias denuncias por los actos de tortura, pero no han resultado en la apertura de investigaciones significativas.

Por todo ello, el comité hizo un llamado al gobierno mexicano para tomar todas las medidas necesarias que permitan brindar garantías de no repetición y preserve los derechos de los pueblos indígenas para que no sean criminalizados por sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos.