En México sólo tres de cada 10 empresas han hecho una evaluación interna de los riesgos de corrupción y ocho de cada 10 empresarios consideran que el soborno y la corrupción son prácticas habituales al hacer negocios.

De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), los efectos de la corrupción en el sector privado evidencian pocas acciones para prevenir estos delitos.

En el proyecto del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción señala que sólo 31 por ciento han hecho una evaluación de riesgos de corrupción.

La Sesna indica que en su ar­tículo 25, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece las políticas de integridad de las personas morales que al menos deberían existir en las empresas en el caso de determinaciones de responsabilidades.

Considera que en concreto, no sólo no se llevan acciones preventivas en este sector, sino que incluso éstas son vistas como atenuante que podría minimizar la responsabilidad de las personas en caso de hechos de corrupción.

Cita estudios que dicen que para 2018 los dos principales mecanismos para disuadir la corrupción que empleaban entre 72 y 44 por ciento de las 500 empresas más grandes en México son los códigos de ética o conducta y el establecimiento de políticas de regalos.

Buena parte de estos programas parten de compromisos y obligaciones generadas con socios de negocio, así como de enfoques estrictamente regulatorios, dejando de lado los integrales que consideren el ciclo de disuasión, prevención, investigación y sanción de la corrupción.

La adopción de políticas y esquemas anticorrupción al interior de las empresas es aún una práctica incipiente en México, afirma la Sesna, por lo que resulta primordial que en el marco de la propuesta de Política Nacional Anticorrupción se propongan incentivos y acciones concretas que promuevan la implementación extendida de esta clase de medidas en la iniciativa privada.