Además de la pena de 39 años de prisión contra el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una sentencia de 25 años para su madre, Gilda Margarita Austin, acusada de colaborar en sus operaciones de corrupción.

Las intenciones del ex funcionario para optar por un criterio de oportunidad se desvanecen, debido a que no ha aportado elementos suficientes para procesar a sus presuntos cómplices.

La FGR entregó a José Artemio Zúñiga, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, el escrito de acusación contra Lozoya Austin y su madre, ambos acusados por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Al ex funcionario, la FGR lo acusa de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, delitos que los mantiene privado de la libertad desde noviembre del año pasado.

Lozoya Austin buscaba que el gobierno federal lo admitiera como testigo colaborador, sin embargo, hasta el momento no ha entregado elementos suficientes contra sus presuntos cómplices, como para acceder a un criterio de oportunidad, que le permita evitar la cárcel.

El ex director de Pemex ofreció pagar 5 millones de dólares para reparar el daño causado al erario, pero hasta el momento la oferta no ha sido aceptada.

La sentencia solicitada contra Lozoya resultaría de aplicar las penas mayores para cada delito del que se le acusa, es decir, 10 años por asociación delictuosa, 15 por operaciones con recursos de procedencia ilícita y 14 por cohecho.

Con ello, estarían en riesgo las carpetas de investigación que la fiscalía abrió en contra de algunos funcionarios y ex legisladores federales que presuntamente recibieron sobornos para aprobar la reforma energética en 2013, entre ellos el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, debido a los señalamientos que Lozoya Austin hizo en su denuncia del 20 de agosto de 2020.

Otro caso sería de Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del PAN, vinculado a proceso en marzo del año pasado, luego de que la FGR le imputó delitos de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, también como parte de la investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por el ex director general de Pemex, quien acusó a varios panistas, entonces integrantes del Senado, de exigir dinero a cambio de su voto para aprobar la reforma energética.

El otro implicado es el ex secretario particular de Francisco Domínguez Servién, ex gobernador de Querétaro, Guillermo Gutiérrez Badillo, quien apareció en un video en el que un supuesto funcionario de Pemex le entregó bolsas con fajos de dinero a él y otro ex funcionario del Senado.