n días pasados se dio a conocer una foto del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres presuntos delincuentes de las bandas Guerreros Unidos y cártel Jalisco Nueva generación. La imagen habría sido encontrada en el celular de una integrante de uno de esos grupos que fue detenida en noviembre en Oaxtepec. Blanco afirmó ante los medios que no conoce a los sujetos de la foto, que él se deja fotografiar con todas las personas que se lo piden y que lo seguirá haciendo. Posteriormente, algunos medios divulgaron la foto de una narcomanta (cuya autenticidad es inverificable) en la que se reprocha con lenguaje soez el deslinde del gobernador, se le amenaza con soltar datos concretos de la muerte de Samir
(Flores, líder comunitario opositor a la termoeléctrica de Huexca, asesinado en febrero de 2019) y se hace alusiones a pactos y negocios.
Las revelaciones tienen lugar con el telón de fondo de la persistente inseguridad en Morelos –que ha generado un descontento creciente hacia la gestión de Blanco– y de un conflicto entre el Ejecutivo estatal y el fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, a quien se ha intentado privar del fuero constitucional porque no pasó los exámenes de control de confianza. Carmona Gándara fue colocado en el cargo con tornillos y pegamento por el gobernador anterior, Graco Ramírez, en una maniobra semejante a la que realizó Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz, cuando impuso como fiscal estatal a Jorge Winckler con el propósito de que le cuidara las espaldas; pero mientras Winckler fue removido por el Congreso estatal, Carmona Gándara logró un amparo definitivo para evitar que el Legislativo federal lo sacara del puesto, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) respaldó los intentos por removerlo.
Es importante recordar que en septiembre de 2020 Blanco afirmó que Carmona Gándara sabía quién era el responsable de la muerte de Samir y que no se atrevía a decirlo por temor.
En este complicado contexto sería disparatado tomar posición a priori sobre la significación de la foto de marras y de la presunta narcomanta, y menos sobre el supuesto involucramiento de Blanco con la delincuencia organizada o en el homicidio referido. Al margen de cualquier afán por defender o por condenar al gobernante, es poco probable que la foto y el letrero constituyan elementos suficientes para iniciar una investigación ministerial, y si ésta fuera emprendida por la fiscalía estatal habría sobrados motivos para dudar de su imparcialidad y para verla, en cambio, como un capítulo más en la pugna entre el fiscal y el gobernador.
Al margen de cualquier propósito de condena o de defensa hacia Cuauhtémoc Blanco, es importante señalar la falta de concordancia entre el impacto que suelen causar en la opinión pública las fotos o los videos de un funcionario en compañía de delincuentes presuntos o convictos y el nulo valor probatorio de delitos que esas imágenes tienen por sí mismas.
Cualquier personalidad del espectáculo, de los deportes o de la política se toma miles de selfis en compañía de desconocidos sin que ello implique un vínculo delictivo entre las personas que aparecen en la gráfica. Recuérdese, por ejemplo, la saña con que la reacción oligárquica usó la foto con AMLO que el ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda consiguieron en el curso de un acto de campaña, para hacer creer que entre el actual Presidente y los procesados por la atrocidad del 26 de septiembre de 2014 había una relación criminal.
En el caso del gobernador morelense, con base en una selfi auténtica hay quienes insinúan o hasta afirman una complicidad que dista de haber quedado demostrada. Reitero que esto no es una defensa de Cuauhtémoc Blanco, sino el señalamiento de una práctica política y periodística tan escandalosa como lamentable.
Si hay elementos para investigar al gobernante, la imagen de marras habría debido llegar al expediente respectivo a fin de sustanciar una incriminación formal, no a una filtración mediática con intencionalidad necesariamente dudosa. No es por ese camino como lograrán despejarse las sospechas sobre las relaciones del gobernador y, lo más lamentable, no será así como se pueda contribuir al esclarecimiento y la justicia en el asesinato de Samir Flores, crimen que sigue gravitando en Morelos y en el país como una intolerable mancha de impunidad. Tal vez lo procedente sea que la FGR atrajera el caso, como una circunstancia de delincuencia organizada, destrabara la investigación, esclareciera el crimen e imputara a los responsables, sean quienes sean.
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