La Fiscalía General de la República (FGR) investiga tráfico de influencias para obtener contratos en diversas instituciones del gobierno federal por despachos jurídicos que actualmente son indagados por extorsión a empresarios y que están relacionados con litigantes contra los cuales ya judicializó un expediente.

Funcionarios del gobierno federal revelaron que se ha detectado que la red de litigantes que forma parte de nueve despachos jurídicos (presuntamente relacionados con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal) utilizaron sus nexos con servidores públicos para presionar y obtener contratos para compañías que ellos representan.

Según la información obtenida, en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al igual que la FGR, comenzaron a investigar diversas denuncias en contra de presuntos funcionarios públicos y abogados que extorsionaban a empresarios y presionaban a autoridades federales y locales para obtener ilegalmente la asignación de obras y adquisición de bienes y servicios.

Entre los casos que han servido para integrar y judicializar una carpeta de investigación por estos hechos se encuentra el expediente FGR/FECOC/UEIDCSPCAJ/SP036/2021, integrado por la Fiscalía Especial de Control Competencial (Fecoc, antes Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales).

La Fecoc se encarga de integrar los expedientes en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y haber adquirido con sobreprecio la empresa Agronitrogenados; el empresario Alonso Ancira, acusado de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta de Agronitrogenados, así como las indagatorias relacionadas con la entrega de sobornos a ex legisladores para la aprobación de la reforma energética en el mandato de Enrique Peña Nieto.

En diciembre pasado, la Fecoc judicializó el expediente en contra de los litigantes Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, y mantiene abiertas otras indagatorias sobre nueve despachos jurídicos.

El próximo 28 de febrero, el juez de control José Rivas González encabezará en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México la audiencia inicial en la que el Ministerio Público Federal imputará los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencia, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos y sancionados en los artículos 164, 221, fracción 11, 390 y 400 bis del Código Penal Federal, de acuerdo con el acuerdo judicial que señaló la fecha de la diligencia a petición del Ministerio Público Federal.