nte la llegada de nuevas caravanas procedentes de Centroamérica y ante la creciente contención de los gobiernos estadunidense y mexicano para impedir el libre tránsito de aquellos que ingresan al país desde la frontera sur, la crisis migratoria se ha agudizado en nuestro país en los últimos meses; 2021 ha sido el año con más detenciones de personas sin documentos desde que se tiene registro, con 242 mil 526 personas privadas temporalmente de libertad hasta noviembre, de las cuales 40 por ciento fueron deportadas, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. El récord anterior había sido en 2015, cuando se implementó el Plan Frontera Sur, en el que fueron detenidas 198 mil personas.
Si bien el gobierno de López Obrador ha significado la continuidad de la contención, detención y militarización de la frontera sur, fue a partir de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el 8 de junio, para firmar un acuerdo de cooperación en materia migratoria, que las detenciones se duplicaron, con incrementos de 22 por ciento en julio, 71 en agosto, 127 en septiembre y 91 en octubre, en referencia a las detenciones mensuales promedio anteriores. Paralelamente, el país vecino superó su máximo histórico de detenciones con un millón 659 mil personas entre octubre de 2020 y septiembre de 2021.
La situación, como se advierte, tiene proporciones históricas. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registró, hasta noviembre de 2021, 123 mil solicitudes de asilo, superando el récord de 2019, que sumó 70 mil. Lo anterior es expresión evidente de cómo factores estructurales como la violencia, la pobreza y la creciente tensión ambiental en los territorios latinoamericanos están ejercido presión sobre las poblaciones, provocando desplazamientos forzados masivos.
Ante el creciente flujo migratorio, Tabasco y Chiapas han sido el epicentro de detenciones, deportaciones y violaciones a derechos humanos, pero en muchos otros estados de la República la situación se repite. Ante tal contexto, el pasado martes, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S. J. (Idhie) de la Universidad Iberoamericana Puebla, publicó su informe Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala 2020-2021, que describe cómo el viacrucis migrante se actualiza en el centro del país, en particular en Puebla y Tlaxcala, dos importantes estados de paso de las diversas rutas existentes hacia el norte.
El informe, entre otros aspectos, relata las condiciones de vulnerabilidad y violencia que enfrentan los detenidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla y Tlaxcala desde el momento de su captura. Presenta, en suma, 33 hechos documentados de vulneración de las personas migrantes durante su detención, presentación y alojamiento.
La creciente participación de la Guardia Nacional y de policías estatales y municipales en las detenciones, sin coordinación con agentes del INM; el uso de la fuerza y violencia física en la mayoría de los arrestos; capturas basadas en perfiles raciales y el empleo de frases xenófobas y discriminatorias; la destrucción de documentos oficiales que validan la estancia o residencia en el país de los detenidos; el hacinamiento dentro de celdas, vulnerando, además, los cuidados preventivos ante la pandemia; la ausencia de atención médica; cobros de hasta 200 pesos por agentes del INM para brindar kits de limpieza, fármacos o llamadas telefónicas breves; la nula atención y cuidado especializado cuando se trata de embarazadas o niños y adolescentes, entre otras, son algunas de las situaciones documentadas que evidencian la violación de los derechos humanos de las personas en las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala.
La Ley de Migración asienta que las estaciones migratorias deben brindar asistencia médica y sicológica, alimentación, higiene, entre otros servicios; sin embargo, las condiciones en ellas son sumamente precarias. A decir de los migrantes, algunos en camino desde el Cono Sur, México es el país que peor trato les brinda; y esto sin contar la exposición al crimen organizado que sufren a su paso por el país. El año pasado, la CNDH publicó que al menos 70 mil migrantes habían sido víctimas de tráfico y secuestro en México entre 2011 y 2020.
En consecuencia de los casos presentados, el Idhie plantea en su informe más de 40 recomendaciones orientadas a garantizar y proteger los derechos de los migrantes en Puebla y Tlaxcala. Un importante argumento subyacente de este documento subraya que la realidad migratoria de la región no se modificará estableciendo muros ni estrategias de contención; pues, mientras las desigualdades y las tensiones ambientales causadas por el modelo económico persistan en nuestra estructura social, la violencia y la pobreza seguirán expulsando forzadamente a las familias en búsqueda de vida digna.
Es urgente, por ello, como invita el informe, reflexionar, dialogar y actuar en la dirección de estrategias que impliquen acompañamiento, incidencia y justicia social de la mano de migrantes con alta vulnerabilidad. El Estado mexicano debe crear alternativas a la detención y deportación; y procurar, desde una perspectiva integral que recoja la complejidad de la situación, los derechos de las personas sin documentos que entran al país. Subrayémoslo: migrar es un derecho; es nuestro deber hacerlo valer incidiendo como sociedad en la asistencia y en la exigencia de acogida y trato digno para nuestros hermanos migrantes.
