La obligación de ser agredido

El reciente atentado contra el juez federal Gabriel Domínguez Barrios, quien recibió dos balazos en el tórax, y su hijo de 18 años, quien fue apuñalado, evidencian el riesgo permanente de los juzgadores federales. Juez de impecable trayectoria, actualmente en un Juzgado de Distrito en materia laboral, recibe por segunda ocasión un intento de homicidio.

Esa rectitud en su desempeño ha terminado por enfrentarlo con grupos criminales dispuestos a todo, incluso afectando a su familia. Es fácil disfrazar un atentado premeditado bajo la apariencia de un robo.

La Revista del Centro de estudios constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” de enero-junio de 2021 tiene un notable texto: Propuestas para mejorar el sistema de selección y evaluación de desempeño de los jueces federales en México de Rosa María Rojas Vértiz. Ahí se establecen requisitos adicionales para la función: independencia, objetividad, etc. Incluso se sugiere que el Consejo de la Judicatura Federal sólo sea formado por miembros del Poder Judicial de la Federación y representantes de la sociedad civil, pero no se menciona esta peculiar obligación asumida para la función: la de ser agredido, muchas veces con resultados mortales. La lista de jueces y magistrados federales violentados y asesinados no es menor: representan a la Federación misma (Constitución Federal dixit) y su custodia implica la guarda del orden nacional. No son sólo la persona y su hijo afectados, son el símbolo de la legalidad agredida. En un país de creciente impunidad, cada vida debe contar: será cosa de tiempo para suponer que no sólo los juzgadores tienen esa obligación de asumir la agresión, también los ciudadanos.

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En su nuevo libro, Gandallas (Edit. Ariel), Héctor Domínguez Ruvalcaba (investigador multipremiado en Austin, Texas) habla de las fuentes culturales de la violencia en México. Se establece la comprensión de la criminalidad nacional a partir de la visión de la víctima. La criminalidad es una constante nacional. Ser ciudadano es una forma reactiva, más que participativa, de la vida pública.

Los criminales de Domínguez son esos gandallas cuya forma de vida es la maldad: romper la ley puede ser una diversión, una adicción o una subversión de la propia condición: Maciel, el Mochaorejas, la Mataviejitas, Duarte y los feminicidas representan distintos aspectos del mexicano.

Ante la interiorización de la maldad, el gandalla inicia su peculiar violencia con un lenguaje que llega a idealizarse como una forma de resistencia ante el estado. Así, la ley parece quedar excluida, pero no hay una intención contestaria real: bajo la bandera del anarquismo justiciero del secuestrador y mutilador Mochaorejas se esconden goces individuales que terminan por evidenciar que el Estado de derecho no logra moldear a los individuos en beneficio de la sociedad. Al gandalla no le importan los avances en la ley. Los actos opresivos también llegan de grupos religiosos y en la figura de Maciel, destaca Domínguez, se pervierte lo divino y se hace un arte del abuso infantil.

La criminalidad no sólo cumple con goces personales, también hay una clase política que gusta del autoritarismo y se regodea en el asalto al erario. Necesariamente esto tiene como contrapartida la represión de periodistas y comunicadores que publicitan estos robos: con una violencia que resulta sintomática, la periodista Regina Martínez es estrangulada en su domicilio; además de la victimización hay una censura siempre gandalla que busca perpetrar el abuso de estos grupos políticos que tienen con la delincuencia una interconexión inocultable.

En México, las leyes parecen olvidarse; los más esenciales derechos humanos se pierden ante los gandallas delincuentes, los gandallas escondidos en el uso de la religión, los gandallas políticos sociópatas y los gandallas individualizados que reflejan la marginación inamovible de zonas donde el secuestro y otros delitos no sorprenden. La ley resulta una aspiración apenas.

Un libro notable para evidenciar a los gandallas de Héctor Domínguez como unos irremediables usufructuarios de la crueldad ilegal.

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