El ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, sufrió un nuevo revés: el juzgado decimosexto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México le negó la suspensión definitiva con la que pretendía cancelar la audiencia del 7 de marzo y el proceso judicial en su contra por el colapso de una trabe en la línea 12 del Metro en mayo del año pasado, accidente en el que murieron 26 personas.

El juez le negó la protección de la justicia federal, luego de que un tribunal colegiado del primer circuito declaró infundado el recurso de queja que interpuso Horcasitas Manjarrez para impugnar la decisión de la impartidora de justicia Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, quien no le otorgó la medida cautelar.

A finales de diciembre, la misma juez federal ya le había negado al ex funcionario la suspensión provisional para tener acceso al acuerdo reparatorio que aceptó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) con la empresa Carso Infraestructura y Construcción por dicho colapso.

En ese entonces, su defensa alegó que solicitaba la suspensión de la próxima audiencia para que su representado tuviera acceso al acuerdo reparatorio, de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión ya que era imposible debatir y por consiguiente que se defendiera de manera adecuada en contra de la imputación que se le pretende formular y de la eventual solicitud de vinculación a proceso.

En octubre pasado, la FGJ notificó a Horcasitas que no se le podía dar acceso al documento, el cual forma parte de la carpeta de investigación FICUH/STCMP/UI-3 C/D/00045/05- 2021.

Sin embargo, durante la audiencia que se efectuó el 3 de diciembre, el ex funcionario anunció que solicitaría por conduscto de su abogado, Gabriel Regino, la cancelación de la audiencia y del proceso judicial en su contra por este caso. En su momento, su abogado aseguró que cuando hay un acuerdo reparatorio se extingue la acción penal, con lo que la indagatoria no puede continuar por vías separadas.

Además, aseguró que la fiscalía capitalina y Grupo Carso llegaron a un acuerdo reparatorio, mismo que la dependencia mantuvo oculto. De acuerdo con los allegados al caso, el convenio para reparar el daño fue oficializado con la constructora y se entregó días antes de dicha diligencia.