aría, desafió con algunas mujeres mayores a las autoridades nahuas de Ocotequila. Cuestionó los usos y costumbres de los hombres. No concibe que sólo ellos se erijan como único poder que decide lo que se tiene que hacer en la comisaría. Sin argumentos convincentes, niegan la participación de las mujeres en las asambleas e impiden que voten para elegir al comisario municipal. Los líderes de los partidos excluyen a las mujeres en sus planillas.

El 30 de enero María platicó con las abuelas sobre los problemas que más les aquejan: la violencia que padecen en sus hogares; la inseguridad que desde hace años persiste en el pueblo; la falta de agua que tienen que acarrear desde los manantiales; la imposibilidad de acompañar a sus hijos en las sesiones virtuales, pues no saben leer y no tienen dinero para comprar fichas durante la semana.

A las indígenas ninguna autoridad las ve ni escucha. El presidente municipal sólo recibe a los comisarios y en las comisarías las mujeres tienen prohibido entrar, porque el espacio es sólo para hombres. Son mujeres monolingües que desconocen el funcionamiento de las instituciones, que requieren el apoyo de una intérprete y de personal sensible que atienda su situación familiar. Nadie valora su trabajo en su casa ni en su comunidad. En la comisaría les asignan tareas pesadas y onerosas, como la preparación de la comida en las mayordomías, donde tienen que poner el nixtamal en la madrugada para elaborar tortillas. Además de atizar la leña durante toda la noche, colocan grandes ollas para el caldo de res que servirán a los deportistas y a los peregrinos que asisten a la fiesta patronal. Ni propios ni extraños agradecen el sacrificio de las que se esmeran por brindar una estancia agradable.

Padecen muchos atropellos y arbitrariedades; les niegan la titularidad de los solares y parcelas. Los mismos padres argumentan que sus hijas pronto se casarán, por eso no ven necesario que estudien más allá de la primaria. Tampoco son beneficiarias de algún pedazo de tierra. Los papás, además de negociar una cantidad de dinero por el casamiento de sus hijas, las abandonan a su suerte al incorporase a la familia de su pareja. En el nuevo domicilio deben efectuar los trabajos que desempeñaba la suegra. Son las criadas y cocineras que con pesados trabajos pagan el dinero que recibió el papá por ella.

Para las mujeres no hay justicia en la mesa del comisario. Cuando se atreven a denunciar la violencia del esposo, les niegan la razón, más bien, las regañan y las obligan a regresar con el violento. Las responsabilizan de los conflictos que hay en el hogar y reivindican al marido como el único que trabaja. Los consejos se reducen a que obedezcan a su pareja y que asuman en silencio el maltrato y el ultraje. Si deciden huir de la casa del suegro, son acusadas por abandono de hogar u omisión del cuidado de los hijos. La situación se empeora pues el Ministerio Público y los jueces se colocan del lado de los maridos, porque le llegan al precio de la justicia que imparten.

El 2 de enero, el día de la elección, decidieron ir juntas para votar por el comisario. Antes buscaron al representante del partido Morena, para pedir su respaldo. Se sorprendieron por la postura que tomó, porque no vio con buenos ojos la participación femenina. Les pidió que no intentaran votar, porque corrían el riesgo de que se anulara la elección y que a Morena se le escapara el triunfo. Se atrevió a decirles no sabemos cómo reaccionará el pueblo, es decir, los hombres. Les advirtió que no las dejarían votar y que mejor evitaran la burla y el enojo de sus maridos. En lugar de impulsar su participación, hizo causa común con los líderes del PRI, para desistir en su intento.

En la víspera de la votación, los mapaches del PRI avisaron en cada casa que no permitieran que las mujeres salieran a votar. Con el dinero que les dio el presidente municipal de Copanatoyac, pagaron 300 pesos después de emitir su voto y 500 a quienes viven en el municipio de Tlapa.

Ante la cerrazón de los partidos, ellas decidieron enfrentar la postura intransigente de los dirigentes políticos. Se concentraron en la casa de la abuela de María. Llegaron 30 compañeras. Asumieron el riesgo de ser exhibidas y catalogadas como escandalosas o que fueran encarceladas. En la mente de María se le revelaban los hechos de violencia que han protagonizado los hombres. Tiene claro que los usos y costumbres son impuestos por los cacicazgos priístas a punta de balas. Por eso las mujeres han preferido confinarse en sus chozas y padecer los maltratos en silencio. La violencia contra ellas es sistemática y las acciones delictivas recurrentes por el uso mafiosos del poder político.

María no olvida que el 1º de enero de 1997 apareció un grupo armado autodenominado ejército de ajusticiamiento del pueblo indefenso. En esa madrugada asesinaron a Pedro Enrique Ramírez y al maestro Agustín Ramírez Rodríguez de Ocotequila, así como a dos personas más en Oztocingo. En junio de 1998 una familia de Ocotequila fue interceptada por gente armada cuando regresaba de una boda. La bajaron y ejecutaron a tres miembros de la familia delante de sus hijos. El 21 de febrero de 2020, sujetos armados bajaron de un taxi colectivo a una maestra que laboraba en la escuela primaria de Ocotequila. Su familia tuvo que negociar su rescate. Desde esa fecha debido a la inseguridad y a causa de la pandemia, los niños nahuas no tienen clase.

Pese al clima de violencia, de las 30 mujeres que querían votar sólo nueve llegaron a la comisaría. Hablaron con el presidente de casilla. Los hombres se arremolinaron para presentar un documento donde decían que las mujeres no podían votar. Ellas emplazaron a los hombres para que levantaran un acta. Se negaron, y más bien pidieron el auxilio de la policía municipal. El presidente de Copanatoyac llamó a María para ofrecerle un cargo y prometerle que votarían el próximo año. Al final le advirtió tu pueblo es conflictivo y te puede pasar algo.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan