Desde hace año y medio, el gobierno federal inició el análisis para incorporar a diversos organismos desconcentrados, descentralizados y áreas internas a distintas secretarías de Estado, y cumplir así con el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir burocracia, abonar a la austeridad presupuestal y evitar duplicidad de funciones.

Fuentes gubernamentales indicaron a La Jornada que una vez aprobado el proyecto desaparecerían o se asimilarían entidades públicas. Señalaron que al menos una veintena de organismos, entre ellos el Conapo, el Conapred y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) han presentado de manera recurrente informes a secretarios y subsecretarios para ponderar sus funciones y justificar su permanencia en los términos actuales.

Anoche circuló un anteproyecto sin rúbrica presuntamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contiene una propuesta de simplificación y actualización de la administración pública.

El documento, de 20 cuartillas, se apega al artículo 134 de la Constitución que establece el manejo de los recursos públicos con respeto a los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez. El contenido del anteproyecto de decreto destaca que son 16 los organismos que serán adscritos a secretarias de Estado u organismos públicos.

Entre los principales movimientos se contempla la extinción de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, estableciendo sus funciones en el Comité Coordinador de la Comisión Ejecutiva que podrá contar con herramientas y mecanismos suficientes para realizar sus responsabilidades.

También se menciona en el texto que el Conapred pase a Gobernación; el Inapam y el Conadis formarán parte de la Secretaría de Bienestar. El Injuve, a la del Trabajo. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a la Semarnat.

Con base en dicha información, representantes de las dependencias han dialogado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evaluar la viabilidad presupuestaria de los ajustes. Oficialmente no se ha informado del acuerdo final para reorganizar a la administración pública federal y en la Presidencia informaron que se estudian las consecuencias jurídicas.

En diciembre pasado, tras un análisis minucioso de su estructura interna y la de sus órganos desconcentrados y descentralizados, la Semarnat informó que absorberá las atribuciones y personal del Instituto de Ecología y Cambio Climático, en tanto que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) pasará a formar parte de la estructura de la Conagua.

Ayer, trabajadores del IMTA se manifestaron en contra de la desaparición del organismo y en defensa de los derechos laborales de más de 300 empleados.

Ayer, el Presidente insistió que el Sipinna debe formar parte del DIF; y en reiteradas ocasiones se ha pronunciado porque el Conapred forme parte del área de derechos humanos de Gobernación.

Uno de los órganos que se contempló como parte de la reingeniería administrativa es la Comar. Hace dos años se perfilaba para integrarse al INM, pero ante el repunte de solicitudes de refugio, esta decisión se ha reconsiderado.

Con información de Jared Laureles y Angélica Enciso