on la parsimonia que la caracteriza, parece que en el escandaloso negocio de la privatización de centros penitenciarios (cortesía de Felipe Calderón) la Fiscalía General de la República (FGR) aplica la conocida técnica Lozoya; es decir, dejar que transcurra el tiempo, que los involucrados permanezcan intocados –hasta que ellos mismos se exhiban en lujosos restaurantes de comida china– y que el erario no deje de pagar por los negocios sucios armados en otros sexenios.

Ha transcurrido más de un año desde que el presidente López Obrador lo denunció públicamente (13 de enero de 2021) y, desde entonces, lo único que la FGR ha logrado, amén de mantener impunes a los responsables, es que la cuenta, en detrimento de la nación, aumente, con ganas de empeorar, porque los contratos leoninos firmados y asignados por adjudicación directa en tiempos del Borolas obligan al Estado mexicano a pagar 100 por ciento de lo estipulado, aunque en realidad la ocupación de esas cárceles privadas sea mucho menor.

Aquel 13 de enero, el mandatario dijo: la privatización de (ocho) reclusorios es un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal; esa mezcolanza, esa vinculación estrecha entre negocios privados y públicos, cómo se alimentaban y nutrían los poderes económico y político con estos negocios de los reclusorios privados y, así, en muchos otros casos. Para que se sepa por qué no podemos continuar con el mismo régimen y por qué quieren regresar los que llevaron a cabo estos atracos, estos fraudes al pueblo, a la nación.

Destapado otro basurero, López Obrador explicó: hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor (Genaro) García Luna, pero he dado instrucciones para que se actúe en dos vertientes: hablar con los proveedores de estos servicios con el fin de llegar a un acuerdo, porque es un abuso, por decirlo amablemente, y, si tienen voluntad, que se logre en beneficio de la hacienda pública. Se va a hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente, o en paralelo, se va a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, si no se tiene un arreglo. Hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos están muy vinculados al poder, y es un botón de muestra; se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal.

¿A quiénes beneficiaron Calderón y García Luna con la privatización de ocho reclusorios? (cuyos contratos se mantendrán clasificados como confidenciales hasta el año 2032 y otros hasta 2037, por razones de seguridad nacional). A los de siempre, desde luego, pero más allá que entre los favorecidos y otros participantes hicieron negocios adicionales con la compraventa de las autorizaciones, a estas alturas los empresarios carceleros que obtienen pingües ganancias son Carlos Slim, Olegario Vázquez Aldir (hijo de Olegario Vázquez Raña, del Grupo Empresarial Ángeles), Hipólito Gerard Rivero (pariente político de Carlos Salinas de Gortari), Black Rock, el mayor fondo buitre del mundo, y Exi Quantum, representado por Mario Gabriel Budebo (subsecretario de Energía en el gobierno de Calderón),

En aquella misma ocasión, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que en los pasados nueve años se pagaron más de 75 mil millones de pesos para tal fin; el pendiente por pagar en los años siguientes suma casi 191 mil millones y el costo total proyectado a 20 años es cercano a 266 mil millones. En 2020, el gasto resultó tan grande que 68 por ciento del presupuesto ejercido por Prevención y Readaptación Social se destinó a los ocho contratos privados. Además, estos obligan al gobierno federal a pagar 100 por ciento a los empresarios beneficiados aunque no hubiera internos y a responsabilizarse de la operación y seguridad en cada uno de ellos, amén de que, al concluir el periodo de la concesión, las instalaciones quedan en manos de particulares.

Terrorífico, pero el saqueo se mantiene, al igual que, más de un año después, la parsimonia de la FGR. De pilón, Borolas permanece libre. ¿Hasta cuándo?

Las rebanadas del pastel

Otro palo al comandante billetes: por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró infundado el planteamiento del INE de que la Secretaría de Hacienda incumplió lo ordenado por esa instancia en torno a la ampliación presupuestal para la consulta de revocación de mandato. No le asiste la razón.

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